Una de las compras estrella de esta recta final de año están siendo las balizas V16. Aunque la DGT ha explicado que van a ser flexibles durante un tiempo con el tema de las multas, el caso es que los españoles tenemos que prepararnos para llevarlas sí o sí en la guantera. Para algunos, esto está siendo su oportunidad para hacer negocio con ello (incluso ya se habla de un mercado negro de balizas). El problema es que también están apareciendo muchos timos en torno a esto.

Balizas “homologadas” que no se aceptarán en 2026. Desde FACUA han denunciado públicamente la existencia de balizas que se venden como “homologadas por la DGT” pero que en realidad esconden una verdad a medias. La cuestión está en lo que se acepta hasta ahora y lo que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2026: la conectividad es la razón de todo este lío.

En Xataka Móvil

Han analizado la intensidad luminosa de las balizas V16 homologadas más populares y sorprende cuántas aprueban por los pelos

Hay muchas balizas que, aunque si bien sí están aceptadas por la DGT por el lado de la iluminación, no van a ser válidas a partir del mes que viene porque uno de los requisitos fundamentales es que cuenten con una eSIM con conectividad durante al menos 12 años. Un matiz muy importante que puede confundir a los consumidores.

El riesgo de comprar muy barato. El refranero español es muy sabio y aquello de que “nadie da duros a cuatro pesetas” se ejemplifica perfectamente con ciertas balizas tiradas de precio que, en realidad, no van a servir. Y no es cuestión de que se fabriquen en China o en España, ya que hay muchos fabricantes del otro lado del mundo que están aprovechando este invento español para llenar sus arcas y son totalmente legales.

El problema reside en aquellas que no cumplen con los requisitos y que no han pasado por la homologación. De hecho, ante la duda, lo mejor es consultar en la base de datos de la DGT, donde existe un listado con los más de 200 modelos que actualmente están homologados.

Qué pasa si has comprado una baliza equivocada. Desde FACUA, instan a los consumidores “a reclamar la devolución del dinero si han adquirido este año cualquier baliza que se presentase como ‘homologada’ en su publicidad o información comercial sin aclarar que no está conectada con la DGT”. Esto se considera una mala práctica y debe ser motivo de cambio o reembolso.

En Xataka Móvil

Que una baliza V16 se comunique con la DGT implica un dominio web. La sorpresa es que este es de una persona anónima

Si estás todavía dentro del plazo de devolución, no deberías tener mayor problema que simplemente dirigirte a la tienda y pedir que te devuelvan el dinero. En caso de que no quieran aceptarlo, FACUA explica que se podrá interponer una denuncia ante la Dirección General de Consumo.

Qué dice la ley. Desde la organización, se entiende que, al ocultar esta información básica, se ha vulnerado el artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. En este artículo se explica que se considera un acto de engaño “cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios”.

Asimismo, también se vulneran los artículos 20.1.b y 60.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, ya que los vendedores tienen la obligación de informar a los consumidores sobre las características del bien que van a adquirir, con información “relevante, veraz y suficiente”.

Qué dice la DGT. FACUA considera que la DGT está cometiendo una “irresponsabilidad” al permitir que se produzcan este tipo de confusiones, además de criticar que todavía no se haya informado correctamente a todos los conductores acerca de esta nueva obligación.

Precisamente, hace unos días la DGT entonó el ‘mea culpa’ y reconoció no haber llevado a cabo una buena comunicación. También ha respondido a las acusaciones de Facua y echa balones fuera alegando que no eran partidarios de vender estos dispositivos no conectados, pero fue el Tribunal Supremo quien dio luz verde a la comercialización de estas balizas desde 2021 hasta enero de 2026.

Imagen de portada | Generada con Gemini

En Xataka Móvil | Si no quieres comprar otra baliza V16 antes de tiempo, cuidado con los productos que usas para limpiarla

En Xataka Móvil | "50 metros". La DGT reconoce que las balizas V16 pueden tener de día la misma visibilidad que los triángulos

La bola de nieve generada por el caso Zetta sigue creciendo a tenor de las últimas declaraciones que llegan a los medios por parte de algunas entidades afectadas. El ya famoso 'iPhone extremeño' que realmente consistía en un terminal de Xiaomi remarcado y con CyanogenMod 13 instalado, un paquete de software cuyo uso para fines comerciales está estrictamente prohibido por sus desarrolladores, podría haber recibido ayudas públicas por parte de la Junta de Extremadura. Este hecho ha sido desmentido de forma oficial.

Los responsables de la marca de móviles extremeña, Unai Nieto y Ciu Bojun, siguen por ahora completamente desaparecidos tras destaparse el escándalo de este supuesto fraude. A la espera, supuestamente, de emitir un comunicado oficial por parte de su empresa de que contaban con toda la documentación en regla y no realizaban ninguna actividad ilegal. En su ausencia, la Junta de Extremadura se ha pronunciado y además ha anunciado una investigación.

Las supuestas ayudas públicas para Zetta que nunca se produjeron

En las primeras horas de las pesquisas de varios medios en torno a la marca extremeña, se llegó a afirmar que Zetta había recibido ayudas públicas por parte de la Junta de Extremadura al tratarse de una start-up local y haber cumplido una serie de requisitos. Nada más se supo de estas supuestas ayudas ni de en qué las habrían invertido los responsables de la empresa, pero ahora se arroja nueva información sobre el tema.

La Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, en una información recogida por el diario El Mundo, ha negado que Zetta haya recibido ningún tipo de ayudas públicas, una información que habría elevado aún más el clamor ante estos hechos dado que habría significado una nueva irregularidad en todo el proceso.

La Junta de Extremadura, sin embargo, no ha querido detenerse en la negación de dichas ayudas sino que ha aprovechado para anunciar una inspección de oficio contra Zetta, que figura en el registro como Movishark S.L., para así "garantizar los derechos de los consumidores". Esta información, que procede de una comunicación oficial de la Junta de Extremadura, complicaría aún más la situación para los responsables de la marca.

La inspección tendría la finalidad de garantizar que el móvil o los móviles comercializados por la firma extremeña cuentan con las prestaciones publicitadas por sus responsables. También se asegurarían de que se cumple la normativa en cuanto al etiquetado de las piezas empleadas para la construcción del dispositivo o dispositivos.

Un problema más para los dueños de Zetta

En Xataka Móvil ya realizamos un análisis de qué podrían hacer ahora los dueños de Zetta y a qué se exponen al haberse destapado todo este delicado asunto. Ahora, a las reclamaciones de usuarios particulares para recuperar su dinero, pudiendo reclamarse por la vía civil en caso de desaparición de la empresa, se le sumaría la investigación de la propia Junta de Extremadura.

Quedamos por tanto a la espera de seguir conociendo más datos acerca del que ya se conoce como #Bellotagate, por el logotipo con el que Zetta marcaba los terminales de Xiaomi una vez se importaba y se les sustituía el sistema operativo. Por su parte, FACUA ya está reclamando la devolución del dinero para los compradores de teléfonos de Zetta. Su petición de acciones a la Junta de Extremadura ya ha recibido respuesta.

Más información | El Mundo
En Xataka Móvil | Zetta, la historia del "iPhone extremeño" que escondía un Xiaomi vendido al doble de su precio original

Ayer fue un domingo poco habitual. Los fines de semana no suelen traernos mucha actualidad o grandes noticias, pero tras la aparición de Zetta en un diario digital, vendiéndose prácticamente como la "Apple extremeña", Forocoches estuvo ágil para destapar la verdad sobre la marca: nada de ensamblaje en Zafra, Zetta estaba poniendo su nombre y su software a distintos modelos de Xiaomi.

Más allá de lo poco ético de los actos que ha podido cometer Zetta, nos hemos interesado por el día después del estallido del caso Bellotagate. ¿Qué pueden hacer los dueños de un smartphone Zetta? ¿A qué consecuencias se podrían exponer los responsables de la marca? Temas complicados de resolver, por lo que para ello contamos con dos voces expertas: Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, y Miguel Álvarez, de Álvarez Ramos Abogados.

Los usuarios tendrían derecho a recuperar su dinero, según FACUA

Si compraste un móvil Zetta, deben devolverte el dinero. Han cerrado su web. Esperamos que la Fiscalía y la Junta de Extremadura actúen.

— FACUA (@facua) 16 de octubre de 2016

FACUA, la asociación de defensa de los consumidores, tardó apenas horas en presentar su primera postura: los dueños de un Zetta tienen derecho a que se les reembolse el dinero que pagaron por su teléfono. Además desde la asociación han emitido hoy un comunicado en el que requieren a las autoridades de consumo de Extremadura y Madrid (donde tiene sede la empresa tras Zetta) así como a la fiscalía a que abran una investigación.

Más allá de las declaraciones públicas de FACUA, desde Xataka Móvil nos hemos puesto en contacto con ellos para que nos diesen más pistas sobre qué deberían hacer los dueños de un Zetta o qué podría pasar con la marca. Como nos explica Rubén Sánchez, portavoz de la asociación, "el hecho de que la empresa y sus responsables estén desaparecidos y la web cerrada ya son elementos más que suficientes para entender que las acusaciones son bastante solventes, porque físicamente no tenemos un móvil Zetta para hacer la comprobación."

Ante la situación actual, desde FACUA piden una investigación en profundidad "para analizar el caso y requerir a la empresa documentación sobre los equipos que comercializa y toda la publicidad e información comercial con la que viene promocionándolos. Sánchez aclara que "se trata de que el fraude, de existir, estaría en el hecho de simular que ellos fabrican el producto, no en que reetiqueten un Xiaomi, porque si tuvieran autorización para hacerlo no habría ningún problema. El problema aquí está en hacer creer que son ellos los que fabrican el producto".

Por eso desde FACUA aseguran que "si se confirma la existencia del fraude, los usuarios tienen derecho a que les devuelvan el dinero devolviendo el producto. Sobre la posibilidad de que la empresa siga desaparecida y no responda a los usuarios ya sería la fiscalía la que tendría que tomar cartas en el asunto".

"Habrá que recurrir a la vía civil." Miguel Álvarez, abogado

Tenemos ya la opinión de FACUA por el lado de los consumidores, pero también nos interesa qué podría pasar de ahora en adelante con la empresa tras Zetta, ya que no sabemos hasta qué punto podrían haber incurrido en actos ilegales y qué consecuencias podrían tener. Para ello contamos con Miguel Álvarez, de Álvarez Ramos Abogados. Su primera opinión es clara:

"No parece que estemos ante una estafa penal. La vía penal es la que tiene sanciones más graves, desde económicas hasta penas de prisión, y está dirigida a buscar la verdad, con penas superiores a las de casos de una persona contra una empresa, sino que aquí se trata de que has cometido algo muy grave y si se dan las circunstancias puede tener hasta cárcel. Ahora, no creo que vaya a ser este el caso, porque los supuestos actos no son tan graves".

Fuera de la gravedad de los actos que hayan podido cometer desde Zetta, nos interesamos por qué deberían hacer los dueños de un smartphone de la marca extremeña:

"Los consumidores tendrán complicado pedir indemnizaciones porque tampoco es que se les haya realizado ningún daño ni perjuicio, aunque por supuesto que podrían pedir la resolución del contrato (devolución de su dinero) por la vía civil, porque han comprado algo que no es lo que se vende. Ellos se podrán escudar en que las características que anunciaban las tienen sus dispositivos, pero han actuado con mala fe".

¿Y Xiaomi y demás afectados por el lado empresarial?

"Desde la perspectiva de los fabricantes habrían vulnerado, supuestamente, la propiedad intelectual. No puede coger uno el patrimonio o los productos de una compañía distinta y cambiarle la marca, es como si cogieses una sudadera Nike, le cambias el logo y la vendes, no puedes hacer eso. Todas las empresas que se hayan podido ver afectadas podrán denunciarles y conseguir una indemnización, por la vía civil".

Por tanto, a pesar de lo poco ético de los supuestos actos cometidos por los responsables de lo que se hacia pasar por el "iPhone extremeño" de momento parece que las consecuencias no serán tan graves. Si todo se confirma tendrán que afrontar la devolución de los importes pagados por sus clientes y las posibles demandas de Xiaomi o JBL (cuyo logo usaba en sus cajas), aunque también está por ver la actuación de la Junta de Extremadura, que habría concedido una subvención pública a la empresa. Seguiremos atentos.

En Xataka Móvil | Zetta, la historia del "iPhone extremeño" que escondía un Xiaomi vendido al doble de su precio original

El asunto de la privacidad y la protección de datos ha ido adquiriendo importancia y conciencia social a medida que desde los dispositivos móviles se recogen una serie de datos con el fin de proporcionar un servicio u otro, como el indicar si tenemos cerca algún establecimiento o a nuestros contactos. Es por ello que existen límites que se pueden quebrantar con relativa facilidad, y al parecer Movistar se ha pasado de la raya.

Según denuncia la organización en defensa de los consumidores FACUA la compañía telefónica se ha nutrido de los datos de geolocalización de sus usuarios para hacer una selección del contenido en ofertas que envía, es decir, para enviar publicidad personalizada. Algo que según afirma la organización no se ha hecho como debe en relación al consentimiento por parte de los usuarios.

Un consentimiento por defecto

Se trata pues de una ambigüedad que pudo haber sido aprovechada por la compañía. Según explica FACUA este uso de los datos privados del usuario requiere un consentimiento expreso del mismo según se especifica en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (conocida como LOPD). Es decir, que lo necesario es que el propio cliente se exprese en relación a ello especificando que da este permiso.

¿Cómo ha operado Movistar? La operadora envió una serie de mensajes de texto relativos al tratamiento de la información sobre la ubicación que recogen y almacenan los dispositivos móviles así como del tráfico de la red, eso sí, con objetivo de mejorar los servicios y no de enviar unas ofertas u otras. En ellos en principio solicitaba este consentimiento, aunque con un pequeño "pero":

Solicitamos consentimiento para tratar los datos de tráfico de internet y ubicación de las comunicaciones de su dispositivo móvil, con la finalidad de optimizar y mejorar la cobertura de sus servicios móviles, garantizar la seguridad de redes, sistemas y equipos mediante la prevención y defensa ante incidentes de ciberseguridad y comunicarles ofertas personalizadas sobre productos de Movistar"

Como decíamos, sí hay na solicitud por parte de Movistar, pero el problema es que no llega a ser una petición de un permiso explícito por parte del cliente. Es decir, se indicaba la condición de que si en un plazo de 30 días el cliente no comunicaba su oposición, la compañía asumía que se consentía este tratamiento de dicha información. De este modo, el usuario podría acabar recibiendo la información pese a no haber emitido un comunicado expreso confirmando su acuerdo, al dar como válida la ausencia de respuesta negativa.

Qué se mira y cómo se mira

Lo que preocupa a la organización que defiende los derechos de los consumidores es que el acceso a la información requerida revela información personal e íntima a la cual la LOPD se refiere como "Datos especialmente protegidos" en su artículo nº 7. Entre éstos figuran informaciones como aspectos relacionados con la ideología política o religiosa del usuario así como afiliaciones sindicales o a otras organizaciones, para los cuales de nuevo se especifica que sólo se podrán tratar "con el consentimiento expreso y por escrito del afectado" (salvo cuando se trate de temas judiciales).

La denuncia pues se basa en los métodos empleados para las solicitudes y en el dar como bueno una ausencia de respuesta. FACUA matiza el hecho de que Movistar haya empleado los SMS para este asunto y no "mediante una comunicación fehaciente". Del mismo modo, el canal para comunicar el desacuerdo con que la empresa acceda a esta información es una llamada (al teléfono el 224407) de modo que el usuario tampoco se queda con un comprobante de lo que ha solicitado.

De momento Movistar no se ha manifestado al respecto. Veremos si la Agencia Española de Protección de Datos da por bueno o no el procedimiento empleado por la operadora, dado que en realidad sí ha habido una información y una solicitud de acceso a estos datos.

Vía | FACUA

La asociación de consumidores Facua prosigue con su guerra contra los operadores. Y es que tras batallas como la del fin del cobro por minutos completos en llamadas. que trajo la facturación por segundos y la subida del establecimiento de llamada, o la apropiación del saldo de tarjetas prepago ahora la nueva batalla es la de los bonos de datos extra no consumidos al completo.

Desde la asociación han denunciado ante varios organismos a ocho operadores por sus prácticas con los bonos de datos extra, haciendo que esos datos no consumidos en un periodo de facturación caduquen y no puedan ser usados en periodos posteriores o cobrando los datos no consumidos. Prácticas muy habituales en el sector que la asociación considera ilegales por muy habituales que sean.

Cierto es que los operadores han incurrido en muchas malas prácticas pero la batalla que ahora plantea Facua parece complicada. La asociación de consumidores ha denunciado a Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Pepephone, Másmóvil, Simyo y Tuenti Móvil ante distintas instancias para que estas cambien su manera de gestionar los bonos de datos extra.

Facua denuncia concretamente la práctica con los bonos de datos extra. Los operadores mencionados ofrecen bonos extra, contratables una vez consumidos los datos de la tarifa, que tienen como duración el periodo de facturación de la tarifa. Lo que la asociación considera ilegal, tomando como referencia la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, es que los operadores limiten a dicho periodo de facturación los bonos extra y que los megas no consumidos no se reembolsen.

Cuestión de elegir bien la tarifa

La mayoría de estos operadores ofrecen una vez se consumen los datos de su tarifa bien navegar a una menor velocidad, pagar por cada mega extra consumido o contratar un bono de datos extra. Una vez elegimos esta última opción aceptamos las condiciones de ese bono extra, con todas sus consecuencias, pudiendo haber optado por otra de las opciones.

Además los usuarios disponemos de un gran número de operadores y tarifas entre las que elegir, por lo que también es tarea de los usuarios elegir la que mejor se ajuste a sus necesidades. No es cuestión de defender a los operadores, que tantas cosas han hecho mal pero alguna bien también, pero ahora lo que toca esperar a la respuesta de los distintos organismos a los que ha acudido Facua, para conocer si las prácticas actuales de estos operadores son ilegales o no.

Más información | Facua

Con el fin del año cerca toca hacer evaluación de lo que han dado de si estos 366 días, cosa que ya ha hecho la asociación de defensa de los usuarios y consumidores FACUA, que ha publicado una completa encuesta sobre telefonía móvil.

FACUA destaca que Vodafone es el operador peor valorado, aunque en muchos aspectos se ve superado por Movistar. Además otro resultado de la encuesta no destacado es que las valoraciones han ido a mejor respecto a la anterior encuesta.

La encuesta ha sido realizada a 6.589 usuarios, la mayoría de ellos clientes de contrato, mediante encuesta telefónica, entre el 30 de octubre y el 12 de diciembre. A ella han respondido 1871 clientes de Movistar, 1660 de Vodafone, 1329 de Orange, 764 de Yoigo, 476 de Pepephone, 348 de Simyo y 141 de otros OMVs.

Movistar y Vodafone dominan el ranking

En ella se analizan diversos puntos como si la publicidad parece engañosa, la claridad de las facturas, reclamaciones, problemas de cobertura, y similares, siendo los peor valorados Vodafone y Movistar en todos ellos, salvo en problemas de cobertura, donde "gana" Orange, y en proporcionar un número de reclamación, donde Yoigo es el peor valorado.

Simyo y Pepephone no encabezan el ranking en ninguno de los aspectos aunque destacan negativamente en la mala información sobre tarifas que proveen sus teleoperadores en la primera y en no solucionar una reclamación la segunda.

Mejora respecto al año anterior

Un dato a la vez curioso y positivo que revela esta encuesta es que de los 14 puntos analizados en ella solo dos han tendido a peor desde el año pasado, lo que se podría traducir en una mejora del servicio que prestan los operadores.

La falta de un número de reclamación al presentar una y los problemas de cobertura son los únicos aspectos que van a peor mientras que los que más mejoran son la veracidad de la publicidad y la facturación de servicios no solicitados.

Más información | FACUA

Hace un par de días que hablábamos por aquí de los hasta 750 euros que reclama Vodafone a los clientes que se den de baja de manera anticipada en su Todo en uno pero la primera denuncia por abusar de las penalizaciones no ha sido para ellos, sino para Movistar.

La organización de defensa de los derechos de los consumidores FACUA ha presentado una denuncia ante las autoridades correspondientes por lo que ellos consideran una penalización abusiva en Fusión, de hasta 190 euros más IVA.

La organización argumenta en su denuncia que la ley general de defensa de los consumidores y usuarios en uno de sus apartados define como abusiva “la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados”, considerando por tanto que Movistar no sufre ningún perjuicio cuando un usuario se da de baja de Fusión antes del año de permanencia.

Lo que se pregunta uno mismo es que sí un cliente acepta la contratación de Fusión con todas sus condiciones,que debe firmar, luego tiene cabida este tipo de denuncias que en caso de prosperar pueden obligar a cambiar, probablemente a peor, las condiciones de un producto como este, que realmente ha revolucionado el sector.

Además visto que FACUA se ha animado a denunciar a Movistar por una penalización de 190 euros es de esperar que la denuncia a Vodafone, con una penalización que puede llegar a más del triple que la de Fusión, no tarde demasiado en llegar.

Más información | FACUA

FACUA sigue dando guerra a los operadores y tras pedir la supresión de la penalización por incumplir la permanencia en Movistar Fusión ahora ha fijado su objetivo en otras dos, o según como se mire una sola, compañías de telefonía móvil.

El turno ahora es para Orange y Amena, ya que la asociación de defensa del consumidor reclama que los clientes de la primera que cuenten con un compromiso de permanencia puedan realizar una portabilidad hacia la segunda, algo imposible ahora mismo.

La web de Amena en su sección de ayuda lo deja bien claro, los clientes de contrato Orange deben carecer de compromiso de permanencia para realizar el cambio. Facua argumenta en su reclamación que ninguna compañía puede negarse al cambio de una línea, a pesar de permanencias, abonando la correspondiente penalización en tal caso obviamente.

El caso podría ser algo enrevesado ya que realmente la nueva Amena no es una operadora de por si sino un servicio dentro de la propia Orange, no siendo necesario el cambio de SIM en “portabilidades” entre ambas compañías.

Si tenemos en cuenta que Amena es simplemente un servicio ya no estaríamos hablando de la negación del derecho de cambio de un número de teléfono de una compañía a otra sino de la contratación de un nuevo servicio o tarifa que Orange estaría negando a sus clientes con permanencia.

Más información | Facua

Un año más FACUA presenta el resumen de las consultas y quejas recibidas en 2011 y otra vez las empresas de telecomunicaciones no salen para nada bien paradas. En el año en el que la asociación de consumidores ha recibido más denuncias las telecos han sido las “reinas” con un 37,4% de las reclamaciones presentadas.

El dato es preocupante, ya que supone una subida de seis puntos respecto al 2010. Además las telecos llevan ya una década liderando el ranking de reclamaciones en FACUA por lo que estos solicitan la intervención de los ministerios competentes, los de Industria y Sanidad, una mejor regulación y mayor control con el fin de mejorar estos datos.

Las quejas sobre el sector que nos incumbe siguen siendo las mismas: penalizaciones desmesuradas por no cumplir el compromiso de permanencia, facturas que llegan después de haber dado baja el servicio, incumplimiento de ofertas, cobro de llamadas u otros servicios no realizados …

Problemas que probablemente muchos de nosotros hayamos sufrido en nuestras carnes pero que los operadores parecen querer atajar con movimientos como el de Orange al integrar en sí un call center ovetense. ¿Van los operadores en la buena dirección?

Vía | FACUA

FACUA ha denunciado a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo por considerar que incurren en una cláusula abusiva y competencia desleal al bloquear los terminales que venden para limitar su uso e impedir que funcionen con otros operadores.

Se trata de una de las desventajas de adquirir el móvil subvencionado con un operador en lugar de comprarlo libre de fábrica por lo que FACUA anima a los consumidores a que reclamen la liberación a sus compañías por considerar que los derechos y obligaciones del contrato vinculado a la compra del terminal no son proporcionales y equitativos.

Pero hablando de proporcionalidad me ha venido a la cabeza lo insignificante del coste que supone liberar un móvil subvencionado en comparación con la desorbitada desproporcionalidad que existe en las penalizaciones que se aplican en caso de no cumplir los contratos de permanencia y que pueden hacernos pagar hasta 100 euros (más impuestos) aunque solo nos quede un día para acabar la permanencia. ¿Esto no es otro gran #fraudemovil?

La CMT ha aclarado en más de una ocasión que los operadores no están obligados a liberar un telefóno móvil una vez superado el período de permanencia y ni siquiera tienen que hacerlo gratis por lo que una resolución favorable a la denuncia de FACUA sería un avance pero me asaltan varias dudas de si se podría fomentar la competencia de manera más efectiva con medidas que eliminen otras evidentes desproporcionalidades que afectan más el bolsillo del usuario.

Más información | FACUA.