Con la entrada en vigor de la obligatoriedad de las balizas v16 conectadas este 1 de enero de 2026, empiezan las dudas: ¿qué pasa si la activo por error mientras busco algo en la guantera? ¿Y si alguien decide encenderla para fingir una avería? La respuesta corta es que el sistema está diseñado para evitar multas por despistes; la larga tiene mucho más por conocer.

Retardo de seguridad. Si activas la baliza por accidente dentro del coche, tranquilo. La DGT y los fabricantes han implementado un periodo de gracia de 100 segundos desde que pulsas el botón hasta que se envía la señal a la nube. Este hecho viene establecido en la Resolución de 30 de noviembre de 2021.

Este margen está pensado precisamente para que la baliza v16 calcule su posición GPS exacta y para que el usuario pueda apagarla si ha sido un error. Si la apagas antes de ese minuto y medio, la DGT nunca sabrá que se encendió y por lo tanto puedes estar tranquilo.

Multas en garaje o fuera de la vía pública. Por suerte, la plataforma DGT 3.0 tiene filtros inteligentes. Como explicaba Estaca en una entrevista reciente, jefa del área telemática de la DGT, los operadores de tráfico discriminan las señales. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que si la geolocalización indica que la baliza está en una casa, garaje privado o fuera de la vía pública, el sistema la ignora porque "a efectos de tráfico no tiene valor". Por ende, no te llegará una multa por enseñar cómo funciona a un amigo o familiar.

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Cuándo sí hay riesgo real. Si finges una emergencia en carretera, cambia la película. En caso de ser activada en una vía pública sin motivo justificado, te expones a sanciones graves. Aunque la señal de la baliza es anónima y no lleva tu matrícula asociada, las cámaras de la DGT y la Guardia Civil pueden verificar visualmente la situación.

Si se demuestra que has simulado una emergencia, la Ley de Protección Civil (Ley 17/2015, artículos 45 y 46) contempla multas por infracciones graves que pueden ir desde los 1.500 hasta los 30.000 euros por movilizar recursos de emergencia sin necesidad. Además, entorpecer la circulación sin causa justificada conlleva su propia sanción de tráfico. Eso sí, la multa habitual sería por parte de Tráfico, de unos 200 euros por uso indebido de señales.

La picaresca tiene las patas cortas. Algunos conductores han especulado con usar la baliza para evitar multas de aparcamiento o justificar paradas indebidas. La realidad es que la DGT no usa la baliza para multar automáticamente (no es un radar), pero su uso queda registrado en mapas de acceso público.

Usarla indebidamente no solo es ilegal (dependiendo del caso) sino que ensucia el ecosistema de datos que la DGT está consolidando con la implementación de este dispositivo. Y eso puede poner en peligro la credibilidad de un sistema diseñado para salvar vidas, no para cubrir infracciones por parte de los conductores.

Imagen de portada | Generada por Pepu Ricca para Xataka Móvil

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Tras un mes en el que LaLiga se ha visto en el centro de la polémica por los daños colaterales derivados de los bloqueos asociados a las emisiones ilegales de partidos de fútbol, acaba de hacerse pública la sanción impuesta por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.

Se hacen eco de la noticia desde el diario El País, señalando que la AEPD ha impuesto una sanción de un millón de euros por el tratamiento de los datos biométricos de los asistentes a los estadios. Hablamos de los datos derivados del reconocimiento facial y del uso de lectores de huellas dactilares, que requieren de un tratamiento especial en materia de protección de datos.

La sanción surge a raíz de dos denuncias presentadas en 2022 y 2023

Según la información facilitada por el diario, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) considera que el tratamiento de los datos biométricos recopilados por LaLiga no cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): la AEPD determina que se trata de una infracción grave e impone una multa de un millón de euros a LaLiga.

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Los afectados por los bloqueos de LaLiga dicen basta: han pedido a la Justicia anular la sentencia

La sanción llega a raíz de dos denuncias presentadas en 2022 y 2023 contra el uso de los sistemas de reconocimiento facial y lectores de huellas dactilares que LaLiga utiliza para controlar los accesos a las gradas de animación de los estadios. Cuando los aficionados compraban su abono, LaLiga recogía los datos biométricos y los comprobaba con los registros cada vez que la persona accedía al estadio.

Además de imponer una sanción de un millón de euros, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos ha ordenado a LaLiga la suspensión temporal de sus sistemas de reconocimiento biométrico hasta que no se realice y supere una evaluación de impacto de protección de datos. El objetivo no es otro que “salvaguardar el derecho fundamental de los abonados a las gradas de animación”. LaLiga ya ha confirmado que recurrirá la multa.

Imagen de portada | Composición con foto de Ferdinand Stöhr (Unsplash) y Alex Knight (Unsplash)

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Que Apple tendría un 2024 bastante movidito en cuanto a novedades es algo que sabíamos. No sólo por los nuevos y esperados dispositivos, sino también por el histórico cambio de su ecosistema que ahora se abre a tiendas de aplicaciones de terceros con el sidealoading. Europa y su Ley de Mercados Digitales (DMA, en inglés) han provocado todo esto, aunque no es lo único que se le viene encima a la compañía de Cupertino.

Es oficial, Apple ha sido multada en territorio europea: Financial Times lo adelantó, no obstante, el montante asciende por encima de lo esperado. Ahora, deberá pagar una sanción de 1.800 millones de euros por la demanda de Spotify impuesta en 2019.

Europa se pone seria con Apple

Los cambios que la DMA está obligando a hacer a las grandes tecnológicas están afectando a una más que al resto. Apple está inmersa en un proceso de adaptación a la normativa europea, aunque ahora ha dado marcha atrás con el plan de eliminar las webapps. Está advertida por Europa, que prometió tomar "medidas enérgicas" si no cumple con los cambios que debe abrazar la App Store. Sin embargo, no es todo lo que debe Apple al viejo continente.

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Acaba de hacerse oficial la sanción económica a la firma californiana: los 1.800 millones de euros suponen un 0,5% de los ingresos globales de Apple, al menos considerando los del último periodo. Al final, ha sido menor respecto al máximo del 10% que se rumoreó, pero mayor comparada con la cantidad de 500 millones de euros a la que apuntaba el medio Financial Times.

¿El motivo? Una demanda interpuesta por Spotify en 2019. La empresa detrás del popular servicio de streaming musical ha acusado a Apple de "abusar de su posición dominante en el mercado de distribución de aplicaciones de streaming de música a los usuarios de iPhone e iPad a través de su App Store".

Ahora bien, la Comisión Europea determina que Apple controla "todos los aspectos de la experiencia del usuario de iOS y establece los términos y condiciones que los desarrolladores deben cumplir para estar presentes en la App Store y poder llegar a los usuarios de iOS en el AEA". Con esto en mente, la investigación ha sido útil para encontrar que la empresa detrás de los iPhone prohíbe a los desarrolladores de apps de música en streaming informar a los usuarios sobre alternativas más baratas.

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A modo de resumen: Apple Music está en una posición dominante al venir preinstalada. Los ingresos por suscripciones llegan íntegramente a la firma de Cupertino, mientras que el resto de competidores deben abonar una comisión a Apple por los usuarios que se dan de alta a través de la App Store. Esto último es lo que Europa considera negativo para sus consumidores, y por ello Spotify ha salido victoriosa de esta contienda.

En el comunicado, la Comisión es contundente:

"La conducta de Apple, que duró casi diez años, puede haber llevado a muchos usuarios de iOS a pagar precios significativamente más altos por suscripciones de streaming de música debido a la alta comisión impuesta por Apple a los desarrolladores y transferida a los consumidores en forma de precios de suscripción más altos por el mismo servicio en la App Store"

En relación a la cantidad citada de la sanción, la Comisión comenta que "ha concluido que la cantidad total es proporcional a los ingresos globales de Apple y es necesario para lograr la disuasión". Por su parte, Apple se defendió de los rumores que avecinaban la multa, explicando que "Spotify no paga nada a Apple".

Minutos después de la sentencia, la compañía de la manzana ha publicado un comunicado en el que explica que esta decisión se ha tomado "a pesar de que la Comisión no encontró ninguna evidencia creíble de daño al consumidor, e ignora las realidades de un mercado que es próspero, competitivo y en rápido crecimiento". El debate está servido, aunque no le servirá para librarse de abonar la multimillonaria sanción.

También en este comunicado oficial, explica que la cuota de mercado del servicio es del 56%, atribuyendo parte del éxito a la App Store, y recalcando que Spotify no ha pagado nada a Apple por los servicios "que han ayudado a convertirlos en una de las marcas más reconocibles del mundo".

Más información | Comisión Europea

Imagen de portada | Reuters

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El pasado mes de marzo, la CNMC impuso una multa de 6 millones de euros a Telefónica por incumplir una de las obligaciones a las que se comprometió tras la compra de DTS (Canal+). Concretamente, la que impedía aplicar permanencias en los contratos de los paquetes Fusión.

Como era de esperar, Telefónica recurrió esa sanción y lo hizo alegando que, en caso de pagarla, penalizaría su inversión en el despliegue de redes en la España rural. Ahora la Audiencia Nacional le ha dado la razón, al menos, parcialmente: no le quita la multa, pero la pospone.

La Audiencia Nacional se pone de parte de Telefónica

En 2015, para que la CNMC autorizara la compra de DTS (Distribuidora de Televisión Digital S. A.), matriz de Canal+, Teléfonica presentó y aceptó voluntariamente una serie de compromisos destinados a garantizar la competencia en el mercado.

Uno de ellos establecía que Telefónica debía evitar incluir "obligaciones de permanencia asociadas directa o indirectamente a los servicios de televisión de  pago, ya fueran empaquetados o no, con servicios de comunicaciones  electrónicas".

Movistar, que ya había retirado la permanencia de todo su catálogo, comenzó a ofrecer en abril de 2021 la posibilidad de arrendar o alquilar un smartphone gratis o más barato. A cambio, debías mantenerte 36 meses ligado a tu tarifa Fusión; en caso contrario, te tocaría abonar una penalización.

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La CNMC consideró que, en la práctica, ese arrendamiento de terminales tenía vinculada una permanencia de 36 meses y, por tanto, incumplía la obligación de "no entorpecer el cambio de los clientes de Telefónica a otros operadores".

Primero, la CNMC invitó a Movistar a modificar esa promoción y, como no lo hizo, le abrió un expediente sancionador que concluyó con una multa de 6 millones de euros por considerarlo una "infracción muy grave".

Telefónica, como es habitual, recurrió la sentencia a la Audiencia Nacional alegando que, si pagaba esa multa, no podría realizar las inversiones previstas para desplegar fibra en zonas rurales de España. La Audiencia Nacional lo ha tenido en cuenta y ha ordenado la suspensión cautelar de la multa.

¿Significa eso que Telefónica se libra de la multa? No, ni mucho menos. Simplemente la Audiencia Nacional ha accedido a que el pago de la misma no sea inmediato hasta que haya una resolución judicial firme porque considera que el importe es lo suficientemente elevado para comprometer el plan de inversiones.

Vía | La Vanguardia

Imágenes | Telefónica

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Las multas a empresas tecnológicas son más comunes de lo que podría parecer. Aunque, en ocasiones, estas salen indemnes. Mismamente, Telefónica se libró de una multa por priorizar la reparación de sus averías, y las tres operadoras más grandes evitaron pagar una multa de 120 millones de euros hace cuatro años. Sin embargo, la noticia de hoy trae malas nuevas para Orange, que se enfrenta a una sanción de 100.000 euros.

La última que tuvo problemas fue Telefónica, por un tema de permanencia en los contratos de Fusión. No obstante, la operadora naranja es la damnificada en el caso de un cliente que puso una reclamación porque el repartidor le pidió sacar una foto de su DNI durante el reparto de un pedido.

Un caso que sucedió en el año 2020, y era requisito de la empresa

Corría el año del confinamiento cuando un particular se dirigió al cuartel de Totana, en Murcia, para solicitar una investigación porque un repartidor de GLS fotografió ambas caras del DNI del cliente. Pues no ha sido hasta este jueves pasado que la AEPD ha publicado la resolución oficial del caso.

La razón que llevó al particular al cuartel fue la siguiente: si quería recibir su nuevo móvil, adquirido a través de Orange, debería dejar que el repartidor obtuviera imágenes de su Documento Nacional de Identidad. En apariencia, esto era un requisito obligatorio por parte de la empresa.

Tras la queja, el organismo que vela por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, colocó a Orange como parte reclamada. Esto ha resultado en una multa de 100.000 euros debido a que se ha infringido el artículo 5.1.c del Reglamento General de Protección de Datos.

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¿Debo dejar que saquen fotos de mi DNI? Orange da una respuesta y la AEPD una solución

Esta es la pregunta que nos hacemos después de seguir este caso. ¿Deberíamos permitir que los repartidores obtuviera fotos de nuestro DNI? Concretamente, en el caso de GLS, la empresa sigue el protocolo IdentService, que garantiza que el destinatario real es el que está recogiendo el paquete. Si la persona que recibe al repartidor no coincide con el DNI, no se le entregará el producto.

Si coinciden, se toman fotos y se envían de manera cifrada para conservarlas en un servidor interno de la compañía, pero el repartidor no tiene acceso a ellas. Esto lo podemos comprobar en las condiciones que aparecen en la web de la operadora. Durante el caso, Orange afirmó que únicamente persigue un "interés legítimo", ajustándose a lo que otras sentencias han planteado estos últimos años.

La AEPD sí indica que hay "indicios evidentes", por violar el artículo 5 del RGPD y recuerda que el DNI contiene más elementos que son adicionales y sin relevancia para la "finalidad de la entrega de la mercancía".

Por lo tanto, habría que proponer una solución, y eso mismo pensaron en el organismo regulador. Señalan que en estos casos, se deben proporcionar medios menos intrusivos para la privacidad de las personas.

Veremos cómo la respuesta de la AEPD cambia la normativa actual, si es que lo hace, y cómo otras empresas del sector se adaptan tras lo acontecido con este usuario.

Imagen de portada | Pepu Ricca con Midjourney

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Si hace unos días conocimos dos sentencias de la CNMC relativas a Telefónica (una favorable a sus intereses y otra que conllevaba una importante sanción), ahora es el Grupo MásMóvil quien se ha colocado en el punto de mira de la Comisión. ¿El motivo? La compra del Grupo Ahí+.

La CNMC ha informado hoy de la apertura de un expediente sancionador contra la compañía dirigida por Meinrad Spenger por haber aportado "información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa". El Grupo MásMóvil ya nos ha confirmado que lo recurrirá.

Podría enfrentarse a una sanción por infracción grave

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador (SNC/DC/006/23) contra MásMóvil Ibercom S.A.U. por haber incumplido presuntamente el deber de colaboración con la CNMC.

Imagen | Xataka Móvil

Según ha explicado en un comunicado, la Comisión tiene indicios de que el Grupo MásMóvil podría haber cometido una infracción del deber de colaboración contemplado en el artículo 39.1 de la LDC (Ley de Defensa de la Competencia):

Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier  Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la  Comisión Nacional de la Competencia y están obligados a proporcionar, a  requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de  que dispongan y que puedan resultar necesarias para la aplicación de  esta Ley. Dicho plazo será de 10 días, salvo que por la naturaleza de lo  solicitado o las circunstancias del caso se fije de forma motivada un  plazo diferente.

En este caso, la CNMC entiende que, el año pasado, MásMóvil suministró información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa durante la notificación de la compra por parte de Xfera Móviles,  S.A.U. (perteneciente al Grupo MásMóvil) de la sociedad Ahí+.

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Precisamente la Ley de Defensa de la Competencia, en el artículo 62.3.c, tipifica como infracción grave no suministrar a la CNMC la información requerida o  hacerlo de manera incompleta, incorrecta, engañosa o falsa, por lo que el Grupo MásMóvil se podría enfrentar a una importante sanción económica.

La incoación del expediente se ha producido con fecha 15 de marzo de 2023 y, a partir de este momento, se abre un período máximo de tres meses para la instrucción del caso y su resolución por la CNMC. Desde Xataka Móvil, nos hemos puesto en contacto con el Grupo MásMóvil y nos han asegurado que lo recurrirán.

Imagen de portada | MásMóvil

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En 2015, para que la CNMC autorizara la compra de DTS (Distribuidora de Televisión Digital S. A.), matriz de Canal+, Teléfonica presentó y aceptó voluntariamente una serie de compromisos dirigidos a preservar la competencia en el mercado.

Hace unos meses, la CNMC le impuso una multa de 5 millones de euros por incumplir una parte de esas obligaciones. Concretamente, por no aportar la información necesaria para verificar la replicabilidad de sus ofertas comerciales. Ahora, Telefónica podría enfrentarse a una nueva sanción, pero en esta ocasión, por la permanencia de 36 meses vinculada al alquiler de un smartphone dentro de su oferta Fusión

La oferta Fusión+Smartphone de Movistar incumpliría las obligaciones de Telefónica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) verifica constantemente que Telefónica cumple con sus compromisos asumidos para poder tomar el control exclusivo de DTS en 2015. Esas obligaciones asumidas por Telefónica, enfocadas a garantizar la competencia, se prorrogaron por un periodo adicional de tres años por la resolución de 9 de julio de 2020.

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Entre ellos, se estableció que Telefónica debía evitar incluir "obligaciones de permanencia asociadas directa o indirectamente a los servicios de televisión de pago, ya fueran empaquetados o no, con servicios de comunicaciones electrónicas".

Sin embargo, en abril de 2021, Movistar renovó su catálogo Fusión (fibra+móvil+televisión) y empezó a ofrecer en todos los planes la posibilidad de arrendar o alquilar un smartphone gratis o más barato. A cambio, debías mantenerte 36 meses ligado a tu tarifa Fusión; en caso contrario, te tocaría abonar una penalización.

Según la CNMC, ese arrendamiento de terminales tenía vinculada una permanencia, en la práctica, de 36 meses y, por tanto, inclumplía la obligación de "no aplicar condiciones o prácticas tendentes a entorpecer el cambio de los clientes de Telefónica a otros operadores, tanto para servicios empaquetados que incluyen televisión de pago como para servicios no empaquetados de televisión de pago".

Por ello, en el verano de 2021, la Comisión invitó a Movistar a modificar esa promoción ante la existencia de "indicios de incumplimiento" del compromiso de no incluir permanencias en la oferta de productos servicios de televisión.

El operador no hizo caso y la CNMC acaba de abrir un expediente sancionador contra Telefónica (SNC/DC/153/22) por un posible incumplimiento de los compromisos adquiridos. Se abre ahora un periodo máximo de tres meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

Más información | CNMC

DTS (Distribuidora de Televisión Digital S. A.), matriz de Canal+, fue adquirida en 2015 por Telefónica para integrarse junto a Movistar TV en la nueva plataforma Movistar+. Para que la CNMC autorizara esa compra, Teléfonica presentó y aceptó voluntariamente una serie de compromisos dirigidos a preservar la competencia en el mercado.

Ahora, la CNMC ha sancionado a la teleco con una multa de 5 millones de euros por incumplir parte de esas obligaciones a las que se había comprometido. Concretamente, la CNMC asegura que, entre 2015 y 2020, Telefónica no aportó "de forma puntual, correcta y completa" la información necesaria para verificar la replicabilidad de sus ofertas comerciales.

Una infracción muy grave durante cinco años

En 2015, como decíamos, Telefónica presentó y aceptó una serie compromisos para poder adquirir DTS que llevaron a la CNMC a autorizar la operación. En julio de 2020, esos compromisos fueron prorrogados por un periodo de 3 años más para garantizar la competencia en los mercados afectados por esa compra (el de la televisión de pago y el de las comunicaciones electrónicas, entre ellos).

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Entre esos compromisos, Telefónica está obligada a poner a disposición de los operadores una oferta de canales premium a precios que permitan a sus competidores replicar sus ofertas. Y para garantizar su cumplimiento, Telefónica también se comprometió a remitir a la CNMC periódicamente información sobre las ofertas que lanza al mercado.

En julio del año pasado, sin embargo, el Consejo de la CNMC inició un expediente sancionador porque consideraba que existían indicios de incumplimiento en la remisión de información. Según explica la propia CNMC en un comunicado, entre mayo de 2015 y, al menos, junio de 2020, Telefónica aportó "de manera incompleta, no puntual y en un formato que impedía el ejercicio de verificación de la CNMC, la información exigida en los compromisos".

Esa conducta, afirma la CNMC, ha entorpecido la "vigilancia de los compromisos y la detección temprana de eventuales incumplimientos relativos a la replicabilidad de las ofertas comerciales de terceros operadores". Y explica que la Ley de Defensa de la Competencia califica de infracción muy grave el incumplimiento de lo establecido en los compromisos de una operación de concentración.

Con motivo de ello, la CNMC ha impuesto a Telefónica una multa de 5 millones de euros. Contra esta resolución, Telefónica podrá interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación. Desde Xataka Móvil nos hemos puesto en contacto con Telefónica y nos han expresado su disconformidad con la sanción:

"Vamos a interponer recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Creemos que no ha existido incumplimiento de las obligaciones de reporte de información periódica, ni de la obligación genérica de colaborar con la Administración".

Moverse en bicicleta tiene muchos beneficios para la salud, a la par que supone un buen entretenimiento y una forma de desplazarse cada vez más extendida. Sin embargo, usar el móvil como navegador GPS para guiarnos puede ser problemático, ya sea por ciudad, carretera o campo.

Ya hemos visto con anterioridad todos los usos del móvil en el coche que acarrean sanción. Y en bici no cambia mucho el asunto, por lo que saber qué podemos hacer y qué no es vital, tanto para evitar multas como accidentes, que es al final de lo que se trata todo.

Usar el móvil en marcha o solo tenerlo en la mano acarrea multa

Cabe destacar ya de primeras que no está prohibido usar el móvil como GPS en bici. De hecho podemos observar como habitualmente hay apps como Google Maps que integran novedades para ciclistas. Ahora bien, no todo vale y si un agente te detiene haciendo un uso indebido del mismo, podrías llevarte una buena reprimenda y una "receta" de regalo (una multa).

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Según nos explica la DGT, y acorde a la Ley de Tráfico, no está permitido manipular el móvil con la bicicleta en movimiento. Como es evidente, esto hace que desviemos completamente la atención del camino y pueda provocar una caída o colisión con algún vehículo o peatón. Por tanto, es considerada una infracción grave.

Aunque no se esté usando directamente el móvil y simplemente se lleve en la mano, también se considera una infracción grave. De esta forma, si un agente de Policía o Guardia Civil observa esta situación, puede sancionar al ciclista con una multa de 200 euros.

Tipo de sanciones de la DGT

Se puede hacer uso del móvil si se está detenido en un lugar apropiado para ello. Si la detención se realiza en mitad de la vía o acera, así como en cualquier otra situación inapropiada, sí puede haber sanción. Aunque en este caso no sería por el uso del móvil, sino por entorpecer la circulación y suponer un peligro para otros vehículos y/o peatones.

Posible multa por usarlo en un soporte y prohibición absoluta de auriculares

Como sucede también al circular con un turismo, recalcamos que no existen los soportes para móvil homologados por la DGT. La normativa no prohíbe el uso de soportes, pero sí puede haber problemas con su colocación, lo cual será siempre a interpretación del agente.

No debería haber ningún problema por llevar el móvil en un soporte del manillar (o en cualquier otra parte de la bici) si no se está interactuando directamente con el smartphone y si este soporte no impide la visibilidad o movilidad de la bicicleta. Ahora, en caso contrario sí que podría haber una sanción de idéntica cuantía a las explicadas anteriormente (200 euros).

Nuevamente relacionando esta normativa de bicis con la de coches, tampoco se permite el uso de auriculares. Da igual que sean de cable o inalámbricos, que se usen para escuchar música, indicaciones por voz del GPS o cualquier otra cosa. El simple hecho de llevarlos puestos dificulta la atención en la conducción (aunque sea en bici) y también es infracción grave y motivo de sanción de 200 euros.

Teniendo en cuenta que no existen permisos de conducción de bicicletas, al menos en España, estas sanciones no implican pérdida de puntos. Y es evidente también decir que, el hecho de que un ciclista tenga carnet de conducir también, no es tampoco motivo para ello si la infracción la cometió en la bici y no en el coche.

En los últimos meses, Telefónica ha sido sancionada por diferentes motivos. A finales de 2021, la CNMC le impuso una multa de 160.000 euros por hacer un uso indebido de números 902, y en febrero, el mismo organismo le sancionó con 3 millones de euros por denegar el acceso a sus postes y conductos a seis operadores. Ese mismo mes, además, la AEPD le multó con 900.000 euros.

Ahora, sin embargo, la teleco española está de enhorabuena porque, como adelantaba La Información y hemos comprobado desde Xataka Móvil, la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 6 millones de euros que la CNMC impuso a Telefónica en 2019 por retrasar las reparaciones de otros operadores en el mercado mayorista (Orange y Vodafone, fundamentalmente).

De 6 millones a 50.000 euros

En 2017, la CNMC detectó que los plazos de provisión y resolución de averías a nivel mayorista en algunos servicios NEBA cobre y fibra eran peores en relación a los servicios minoristas de Telefónica. Es decir, la compañía tardaba más en resolver averías de terceros que las suyas propias. Además, la CNMC consideraba que la teleco realizaba un uso indebido y sistemático de las paradas de reloj para la resolución de esas averías.

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Los principales perjudicados fueron Orange y Vodafone. Tras la correspondiente investigación, sancionó a Telefónica en 2019 con 6 millones de euros por considerarlo una infracción muy grave y continuada. Al no estar de acuerdo con la multa, la telco interpuso entonces un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Y ya tenemos sentencia al respecto.

Fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional

En dicha sentencia, a la que Xataka Móvil ha tenido acceso, la Audiencia Nacional estima parcialmente el recurso interpuesto por Telefónica y anula la sanción de 6 millones de euros impuesta por la CNMC por la infracción del artículo 76.12 de la Ley Gral. de Telecomunicaciones (LGTel). Es decir, considera que le teleco no ha incurrido en una sanción muy grave, sino en una leve "por incumplimiento de las obligaciones en materia de calidad del servicio".

Sin embargo, desestima el recurso en todo lo demás e impone a Telefónica una sanción de 50.000 euros por cometer una infracción tipificada como falta leve en el artículo 78.12 de la LGTel. Además, "dadas las dudas fácticas y jurídicas que plantea el caso", no efectúa pronunciamiento impositivo de las costas.