Con tan solo una muestra de saliva, la empresa 23andMe permitía a sus usuarios obtener información sobre sus antepasados y sus orígenes. Una prueba indolora y de lo más sencilla que ahora, tras los últimos acontecimientos, no parece una buena idea. La quiebra de 23andMe pone en peligro los datos de ADN de los más de 12 millones de personas que confiaron en este servicio.

Ante el escenario de la bancarrota, la empresa podría vender todos estos datos a un tercero. Una noticia que incluso ha provocado la reacción del fiscal general de California, Rob Bonta, y que pone sobre la mesa el problema de ceder nuestros datos sin ningún tipo de filtro.

¿La solución? Algo muy sencillo que todos deberíamos aplicar de manera rutinaria: pedir a las empresas que eliminen nuestros datos. Spoiler: están obligados a hacerlo, aunque en algunos casos deben conservar cierta información.

No quiero que las apps conserven mis datos (y estoy tomando medidas)

No somos conscientes de la cantidad de información que hemos regalado a cientos (probablemente, miles) de empresas a lo largo de nuestra vida. Cada vez que nos apuntamos a una newsletter, que hacemos un pedido en internet o que nos registramos en una aplicación estamos cediendo nuestros datos.

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A priori, confiando en el principio de la buena intencionalidad, esto no debería ser un problema. Si detrás hay una empresa bien establecida, nuestros datos se quedarían en su base de datos únicamente para el propósito con el que se los hemos dado.

Sin embargo, el negocio de los datos personales es una realidad. La venta de nuestros datos es uno de los negocios más lucrativos de internet. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de que, al dar nuestros datos a una persona, también estamos aceptando cláusulas como la posibilidad de que vendan nuestros datos a un tercero. Ese descuento de un euro para comprar un refresco lo estamos pagando con nuestra información personal. No es ningún chollo, aunque te hagan creer lo contrario.

Además, todo esto, sin tener en cuenta que las brechas de seguridad y las filtraciones de datos cada vez son más comunes, por lo que cuantas más empresas tengan nuestra información, más probabilidades tenemos de ser víctimas de esto.

Llevo un tiempo interesándome bastante por todos estos temas de privacidad y a raíz de esto he comenzado a hacer un ejercicio tan tedioso como necesario: pedir a las empresas que borren mis datos.

La supresión de datos es un proceso mediante el cual se elimina definitivamente la información de una persona que está almacenada por una empresa. Gracias a esto, nos podemos asegurar que nuestros datos no se almacenen por más tiempo del necesario.

Como explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), este derecho a la supresión de datos está regulado. En Europa, es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en su artículo 17, quien contempla este derecho, que se puede dar en diferentes situaciones:

• Cuando el procesamiento de los datos se ha realizado de manera ilegal.
• Cuando el usuario se opone o retira su consentimiento.
• Cuando ya no es necesario almacenar estos datos.

En España, es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) quien recoge este tema.

En algunas ocasiones, es posible que la empresa deba almacenar estos datos para cumplir con las obligaciones legales, siempre que exista una razón legítima para ello.

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Pedir la supresión de datos es relativamente sencillo en la mayoría de los casos, pero implica dedicar un tiempo considerable, especialmente por la facilidad con la que hemos estado regalando esta información durante tantos años. Mi truco es repasar todos los sitios de internet y aplicaciones en las que estoy dada de alta, ya sea porque recibo emails de ellos o porque tengo almacenadas las credenciales en mi gestor de contraseñas.

Llegados a este punto, pueden surgir dos casos: que la aplicación, web o empresa tenga habilitado un formulario para eliminar la cuenta o que no la tenga. Ojo: no confundas “eliminar cuenta” con “cerrar sesión”.

En el primer caso, es tan sencillo como rellenar dicho formulario y añadir explícitamente que deseas dar de baja tu cuenta y eliminar todos tus datos personales. Normalmente, verás un mensaje de confirmación o recibirás una respuesta en un plazo corto de tiempo.

Pero si la aplicación o página web no incluye esta posibilidad, tendrás que ponerte en contacto con ellos. Estos son los pasos a seguir:

1. Busca el contacto: la dirección de correo electrónico suele aparecer en la sección Contacto de la web, Aviso Legal o Política de Privacidad.
2. Redacta y envía la solicitud: puedes utilizar este formulario que la Agencia Española de Protección de datos (AEPD) ha puesto a nuestra disposición. Sin embargo, y bajo mi experiencia, en la mayoría de ocasiones basta con que adjuntes un mensaje tipo indicando algo como “Deseo dar de baja mi cuenta y que eliminen todos mis datos almacenados, en base a la RGPD”.
3. Esperar la respuesta: una vez enviada, la empresa debe responder aceptando tu solicitud, pidiendo información adicional en caso de que la necesite o negando la solicitud si existen motivos legales para ello.

Si no responden o si consideras que la negación de la supresión de datos no aplica, puedes poner una queja ante la AEPD.

Bajo mi experiencia, la mayoría suelen contestar en un plazo relativamente corto, aceptando la solicitud, por lo que no suele generar mayor dolor de cabeza que el del tiempo y la paciencia que se debe invertir en deshacer lo que llevamos años haciendo muy mal. Nadie nos lo había explicado. Hasta ahora.

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Hoy en día, cuando compras una tarjeta de prepago de cualquier operador, éste no tiene ninguna información sobre ti: son totalmente anónimas. Sin embargo, para enriquecer sus bases de datos y conocer mejor a sus clientes, suelen ofrecernos dinero gratis (entre 3 y 12 euros) en llamadas al enviar un cupón con nuestros datos personales.

Ahora parece que esta situación va a cambiar. El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Conservación de Datos, que, como ya os adelantábamos hace unos meses obligará a las operadoras a recopilar los titulares de las tarjetas de prepago y a ponerlos a disposición de la Policía cuando lo necesite para una investigación, algo que tendrán que hacer en un plazo de tres meses tras la aprobación del procedimiento técnico. Las operadoras advierten que esta medida les costará unos 20 millones de euros... esperemos que no se les ocurra cargarnos de nuevo a los usuarios las consecuencias de esta ley como hicieron al prohibirse el redondeo.

Vía | El País