El veto a Huawei sonaba impecable sobre el papel. Para 17 CEOs de las telecos europeas es una factura inasumible

La pretensión de la Unión Europea de erradicar los componentes de fabricantes chinos como Huawei y ZTE de sus infraestructuras críticas ha chocado contra la realidad de sus grandes operadoras. Lo que en Bruselas comenzó como una recomendación en 2020 se ha ido endureciendo hasta perfilar un mandato vinculante. El nuevo marco regulatorio busca forzar la retirada de los equipos "de alto riesgo" en una ventana de apenas tres años.

Pero la respuesta del sector no se ha hecho esperar: los máximos responsables de las principales compañías de telecomunicaciones del continente han alzado la voz ante la ofensiva de Bruselas para vetar a las firmas no comunitarias, alertando de que el reemplazo forzoso supondrá un gasto enorme y perjudicará el despliegue de redes.

Una carta. A través de la patronal Connect Europe, los directores ejecutivos de grupos importantes como Telefónica, Orange o Deutsche Telekom han suscrito una declaración sobre el liderazgo europeo. Este manifiesto denuncia que la combinación del Reglamento de Ciberseguridad (CSA) y la Ley de Redes Digitales (DNA) impone cargas que no son aasumibles para el sector. Así, afirman que amenaza con estrangular la capacidad de despliegue de infraestructuras críticas en plena pugna frente a los mercados asiáticos y estadounidense.

Un agujero de 40.000 millones. Cuando se presentó el borrador, las estimaciones de la Comisión Europea situaban el impacto entre 17.000 y 21.500 millones de euros a lo largo de cinco años. Sin embargo, las operadoras elevan la factura hasta los 40.000 millones, coincidiendo con el informe de la GSMA que calculó el coste de echar a los fabricantes chinos.

¿Por qué hay tanto desfase entre lo estipulado por la UE y las telecos? Pues bien, radica en que los análisis de Europa se centraron solo en la red móvil, obviando la presencia de actores como Huawei y ZTE en las líneas de fibra óptica (FTTH) y en las redes troncales de transporte de datos.

Impacto en España. La presión de la medida es sensible en nuestro país, donde operadoras como Telefónica, MasOrange o Vodafone afrontan un sobrecoste de unos 4.000 millones de euros en caso de decretarse la exclusión total. Desviar semejante capital a desmontar equipos obligaría a congelar o ralentizar los presupuestos destinados al 5G SA, al desarrollo del 6G y a la creación de nuevos centros de datos para IA.

Un riesgo añadido. Relacionado con el coste de los equipos que sustituirían a los de los chinos, los operadores advierten de que el mercado europeo quedaría en manos de Nokia y Ericsson únicamente. Y eso supondría un encarecimiento de los equipos para redes móviles de hasta un 24% y de casi un 20% para banda ancha fija, además de generar cuellos de botella para abastecer la demanda de recambios.

Ahora qué. Frente a la propuesta de Bruselas, las 17 compañías reclaman sustituir las prohibiciones por auditorías de riesgo, licencias de espectro con plazos indefinidos o de al menos 40 años para liberar liquidez, y un marco regulatorio que facilite la consolidación de las empresas en Europa. Para el sector, alcanzar la soberanía en las redes no puede lograrse a costa de comprometer la viabilidad financiera de las compañías que sostienen. Ha quedado claro.

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