El registro obligatorio de móviles en México crea justo lo que quería evitar: un mercado negro de SIMs listas para usar

México inicio el nuevo año con un cambio importante en su telefonía móvil: el fin del anonimato. Desde el pasado 9 de enero, cualquier línea nueva debe estar vinculada a una identidad oficial. Esta medida, impulsada por la CRT (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones) y defendida por el gobierno de Sheinbaum, busca ponerle freno a los delitos causados desde el móvil con llamadas y mensajes.

Sin embargo, apenas unos días después de su implementación, el remedio parece ser peor que la enfermedad: ha nacido un mercado secundario de tarjetas SIM clandestinas que escapa al control de las autoridades.

Qué está pasando. La nueva normativa exige que las líneas adquiridas desde el 7 de enero se registren en un plazo máximo de 30 días bajo pena de suspensión automática. Para las líneas antiguas, la fecha límite es el 30 de junio de 2026. El proceso requiere presentar INE, CURP o pasaporte para personas físicas y RFC para las morales.

El problema es que esta barrera de entrada ha generado una demanda inmediata de alternativas para quienes no tienen documentos o buscan anonimato, creando el caldo de cultivo perfecto para la reventa ilegal. Y eso ha sucedido.

Mercado negro. Lo que debía ser una herramienta de seguridad se ha convertido en un negocio informal. Según reportan medios, los expertos advierten que veremos una explosión de ventas de líneas ya activadas en redes sociales y marketplaces. No solo servirá a los criminales, sino a un sector de la población que carece de identificación oficial vigente.

La brecha legal. El combustible de este mercado negro recae en un vacío legal del propio sistema. Tal y como explica Legorreta a El Financiero, el esquema actual permite que una persona física con actividad empresarial registre un volumen ilimitado de números.

Así, un solo titular puede activar legalmente 50.000 líneas y dedicarse a revenderlas al por menor: algo que haría imposible rastrear quién es el usuario final. Como analizaron en Xataka México, esto facilita la pérdida total de control, justo en un momento crítico en que la extorsión ha crecido un 23,1%.

Qué dice México. Ante las críticas y el temor por la privacidad, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la medida como pilar de su estrategia de seguridad. Según recoge El Economista, la mandataria asegura que el gobierno no administra ninguna base de datos centralizada.

La razón, es que la información (incluido los datos biométricos si los hubiera) permanece bajo resguardo de las telefónicas como Telcel o AT&T. El gobierno solo accedería mediante un requerimiento judicial en investigaciones criminales y atribuye cualquier fallo a las propias operadoras.

Colapso operativo. Mientras el mercado negro amenaza, la realidad es de saturación total. Los operadores han pedido una prórroga urgente, argumentando que los plazos dados son inviables. Para cumplir con el calendario,  la industria debería registrar casi un millón de líneas diarias.

Telcel ya ha reportado fallos en sus sistemas por la alta demanda, y los OMV alerta de que el costo por validación (unos 3,45 pesos por línea) lastran su viabilidad financiera. La industria de la telefonía móvil de México pide tiempo, pero el reloj de la suspensión de líneas sigue corriendo.

Imagen de portada | Composición con imágenes de Brett Jordan para Unsplash y Eduardo López para Pexels

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