Australia acaba de dar respuesta a lo que parecía una utopía: cómo prohibir las redes sociales a los menores

Es posible que tal y como están avanzando las propuestas de las naciones, se consiga llegar a un consenso sobre la prohibición de los móviles en las escuelas. Sin embargo, otras corrientes parecen más difíciles de implementar. Nueva Zelanda fue pionera en proponer una de ellas, y ahora Australia ha dado un paso decisivo explicando el camino: cómo prohibir las redes sociales a los menores.

El primer veto mundial. Australia se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir oficialmente el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida de alcance histórico que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre y que afectará a gigantes como Meta, TikTok, Snapchat, X y YouTube. 

El objetivo declarado es proteger la salud mental y psicológica de los adolescentes frente a los efectos nocivos del uso intensivo de estas plataformas, un asunto que ha adquirido gran peso en el debate político y social del país. A la gran pregunta, ¿cómo demonios lo van a hacer?, la respuesta es un marco normativo que se materializa en una ley de 52 páginas, la Social Media Minimum Age Law, que detalla las obligaciones de las tecnológicas y fija sanciones de hasta 33 millones de dólares para quienes incumplan sus disposiciones.

La clave: controles multilayer. Sí, lejos de imponer la verificación obligatoria de edad para todos los usuarios, el gobierno australiano exigirá a las plataformas que tomen “medidas razonables” para impedir el acceso de menores, aplicando lo que denomina un enfoque de validación sucesiva o multi-layered waterfall.

El método. El sistema contempla tres métodos: la estimación de edad mediante rasgos físicos y tecnologías como el reconocimiento facial, la inferencia de edad a partir de patrones de actividad y el uso de fuentes autorizadas como documentos de identidad.

Ninguno de estos procedimientos puede aplicarse de manera única y excluyente. Las empresas deben ofrecer alternativas que equilibren la eficacia con la protección de la privacidad y no pueden limitarse a aceptar la declaración voluntaria del usuario ni esperar a monitorizar su comportamiento a largo plazo, ya que ello expondría a los menores precisamente a los daños que la ley busca evitar.

Privacidad, transparencia y vigilancia. La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, subrayó que las plataformas tienen “los recursos y la capacidad” para cumplir con la norma y que no habrá excusas para eludirla. Al mismo tiempo, insistió en que el cumplimiento debe ser “eficaz, justo y respetuoso con la privacidad”, evitando la acumulación innecesaria de datos personales. 

Plus: las directrices obligan a que los usuarios sean informados de cómo funcionan los sistemas de verificación y a que se habiliten canales de denuncia para cuentas sospechosas de pertenecer a menores, con revisiones disponibles para los afectados por suspensiones. En paralelo, la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, advirtió que habrá intentos de sortear el veto mediante VPN u otros métodos, razón por la cual las empresas deberán prever sistemas de (re)verificación de edad cuando existan dudas.

El desafío de las plataformas. Tal y como cuentan, no todas las redes sociales serán supervisadas del mismo modo. Aquellas con más usuarios jóvenes, sistemas algorítmicos de recomendación, interacción basada en “likes” y notificaciones persistentes serán consideradas de alto riesgo y estarán sujetas a controles mucho más estrictos. 

El regulador prevé un proceso gradual: primero diálogo e investigación, luego recomendaciones y finalmente medidas punitivas si las empresas siguen sin cumplir. La intención es forzar la cooperación sin recurrir de inmediato a sanciones, aunque estas siguen sobre la mesa.

Experimento con proyección global. Qué duda cabe, el veto australiano sienta un precedente en la regulación mundial del acceso de menores a las redes sociales, un terreno hasta ahora dominado por compromisos voluntarios de las tecnológicas y por legislaciones parciales. Su alcance apunta a doble: por un lado, envía un mensaje a familias y votantes de que el Estado actúa ante la ansiedad social por el impacto digital en los adolescentes. 

Por otro, señala a las grandes corporaciones que el tiempo de la autorregulación se agota. Con un horizonte en el que otras democracias occidentales discuten medidas similares, la experiencia australiana debería servir de laboratorio para medir hasta qué punto las plataformas son capaces de equilibrar control de edad, protección de datos y viabilidad técnica en un entorno en el que la presión política y social han pasado a la acción.

Imagen | PXHere

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