WhatsApp se ha convertido en una pieza vital de nuestra vida. Para muchos, incluso en su trabajo, ya que es una vía de comunicación directa muy cómoda entre empleados y jefes. Sin embargo, esto genera una serie de dudas con respecto a los derechos de cada uno, como, por ejemplo, si nos pueden escribir estando de vacaciones. Ser miembro (o no) de un grupo de WhatsApp en el trabajo también genera preguntas.

WhatsApp es perfecto para mantener la comunicación en el trabajo o para planear un viaje o comida de empresa. Pese a ser habitual, lo cierto es que es un tema bastante complejo que tiene mucha miga detrás. No hay ningún precepto legal concreto que hable de ello específicamente, aunque sí tenemos dónde apoyarnos para hablar sobre esta temática.

Sin consentimiento no hay grupo de trabajo

Hay usuarios que, ya sea por cuestión de privacidad o simplemente por gustos, no quieren estar en ningún grupo de WhatsApp. Eso es algo que pueden controlar estas personas en su día a día, saliéndose de un grupo en el caso de que su administrador o algún miembro lo invite. Ahora bien, ¿y si esta invitación procede de un jefe?

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Como hemos dicho un poco más arriba, no hay ningún artículo de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (o RGPD) que hable de este caso concreto. Ahora bien, sí que podemos encontrar resoluciones específicas de la Agencia Española de Protección de Datos (o AEPD) donde se aborde esta cuestión. De hecho, tenemos una muy reciente, firmada el día 3 de febrero de este mismo año.

La misma versa sobre un trabajador que, sin haber dado ningún tipo de consentimiento, es invitado a un grupo de trabajo. Curiosamente, este grupo de trabajo no es para abordar cuestiones relacionadas con el mismo, sino que su finalidad es organizar una fiesta de Nochevieja para la empresa. 

Aquí hay que tener en cuenta varios elementos. El primero de ellos es que, tal y como explica la AEPD en la resolución, el responsable del tratamiento de los datos es la propia empresa. Además, el número de teléfono del empleado es lo que se considera como "datos personales", según el artículo 4.1 del RGPD. De esta forma, al entrar en un grupo, todos los miembros pueden ver tanto el número de teléfono.

Una vez que ya entendemos el contexto de este asunto, toca averiguar si estamos ante un hecho ilícito o no. La AEPD entendió que se produjo una infracción directa del artículo 6.1 del RGPD. El origen de la misma está en que no hay ningún tipo de consentimiento de la persona que es metida en el grupo, por lo que el tratamiento que se le están dando a sus "datos personales" es ilícito.

La consecuencia fue una multa de 500 euros a la empresa por dicha infracción porque el número de WhatsApp era propiedad del empleado. La situación hubiera sido diferente si el teléfono fuera propiedad de la empresa, ya que es esta la que tiene su control. Con un límite: la empresa debe tener una política que deje clara lo que el trabajador puede y no puede hacer con la línea.

Otro caso totalmente diferente: ¿y si se trata de teletrabajo? Las particularidades de esta forma laboral hacen que se trate de un escenario diferente y donde no se puede establecer igualdad en el escenario.

Como ocurre en el otro caso, tampoco existe ningún precepto legal concreto, aunque sí que podemos fijarnos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Al respecto, tenemos una sentencia del pasado 2 de abril que versa sobre ciertos aspectos de esta modalidad laboral, haciendo hincapié una parte de la misma en si el trabajador tiene la obligación de dar su correo electrónico o su teléfono a la empresa.

Aquí la situación es algo más complicada. El contrato laboral firmado por el empleado incluía una cláusula en la que especifica que tenía la obligación de aportar esa información a la empresa para que, en caso de urgencia, pudieran contactar con él. En este caso, el tribunal determina que, efectivamente, el trabajador debe ceder el número de teléfono a la empresa. Ahora bien, esta solo podrá usarla justificante que, efectivamente, se trataba de una urgencia. Dicho de otra forma: tampoco podría añadirlo a un grupo sin consentimiento directo.

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Los grupos de WhatsApp del trabajo cuentan con protección legal

Infografía creada con ChatGPT

También podemos darle la vuelta a la tortilla. Imagina que tenéis un grupo de WhatsApp en el trabajo, pero un jefe no es partícipe del mismo. Sin embargo, este consigue acceder de forma ilícita y copiar mensajes para usarlos en un proceso judicial activo. Este caso, que no es para nada inventado, es sobre el que versa un recurso de apelación que ha pasado por la Audiencia Provincial de A Coruña, del 25 de febrero.

Los mensajes de uno de estos grupos solo son accesibles si formamos parte de él. Para agravar la situación, la jefa en cuestión se jactó de haber obtenido los mensajes de forma ilícita. Basándose en todo ello, la Audiencia Provincial considera que esta obtención es totalmente ilícita, confirmando así la protección que tienen estos. El recurso fue rechazado, manteniendo firme la condena por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Estos casos chocan directamente con el derecho a la desconexión digital, por lo que es una pena que no exista legislación dedicada y concreta que nos permita tener preceptos claros. La jurisprudencia y las resoluciones de la AEPD, así que de momento nos tendremos que conformar con ello para entender donde están los límites.

Portada | Generada con ChatGPT

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Una versión de este artículo se publicó en 2025

En el año 2019, Estados Unidos inició una investigación que tenía a Google como protagonista. De fondo, lo que por aquel entonces era una duda razonable: que las actividades en los móviles de millones de usuarios habían estado bajo la vigilancia de la compañía cuando, en realidad, pensaban que tenían activados los controles de privacidad. Un jurado acaba de confirmarlo con una sentencia.

El modelo bajo escrutinio. Lo que estaba en juego desde que se inició la investigación no era poca cosa. Se acusaba a Google de usar sin consentimiento los datos recopilados para potenciar su negocio de publicidad dirigida, una estrategia que le habría reportado miles de millones de dólares adicionales en ingresos. 

Para que nos hagamos una idea, la demanda múltiple de la acusación pedía más de 30.000 millones de dólares en daños y perjuicios, argumentando que la compañía convirtió información personal en lucro ilegítimo. 

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El coste de un espionaje. Ahora, un jurado federal en San Francisco acaba de condenar a Google a pagar 425,7 millones de dólares por haber espiado durante casi una década la actividad de millones de usuarios en sus teléfonos, pese a que estos creían haber activado esos controles de privacidad. 

El caso, que como decíamos se inició en 2019 y que cubre unos 98 millones de dispositivos entre 2016 y 2024, terminó con un veredicto unánime de ocho jurados que consideraron que la empresa violó las leyes de privacidad de California. Aunque la indemnización equivale a solo cuatro dólares por terminal, se trata de una victoria simbólica que refuerza la defensa de los derechos digitales en un país donde la recopilación masiva de datos es práctica habitual.

Una señal. Plus: pese a que el fallo fijó una compensación muy inferior, envía una señal de que las prácticas de monetización de datos personales pueden ser consideradas ilegales, y que el consentimiento del usuario no es una formalidad sino un derecho exigible.

Google, por su parte, insistió en que la decisión “malinterpreta cómo funcionan nuestros productos” y anunció que apelará, defendiendo que sus herramientas de privacidad sí respetan la voluntad de quienes desactivan la personalización. 

Precedentes. El veredicto, además, llega en un momento de creciente presión judicial y política contra las grandes tecnológicas. Un día antes, Google había sorteado un intento del Departamento de Justicia de desmantelar su buscador por monopolio ilegal, aunque un juez federal sí le impuso medidas menos drásticas, como compartir ciertos datos con rivales. 

Dicho trasfondo refleja cómo los reguladores y tribunales estadounidenses están empezando a limitar el margen de actuación de los gigantes digitales tras años de expansión casi sin freno. La combinación de causas antimonopolio y demandas de privacidad dibuja un escenario en el que el modelo de extracción de datos y dominio de mercado de empresas como Google apunta a ser cuestionado con mayor intensidad.

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Anuncio a navegantes. Por último, el caso sienta un precedente que podría animar a más usuarios y defensores a demandar por prácticas similares en otras plataformas que también basan sus ingresos en la publicidad segmentada. Si bien el pago ordenado representa una fracción de los beneficios de Google, el impacto reputacional es significativo, especialmente en un entorno donde crece la desconfianza hacia la gestión de datos personales. 

Para los defensores de la privacidad el mensaje es claro: los usuarios no permanecerán pasivos mientras sus hábitos digitales son recopilados y vendidos. Para las empresas tecnológicas, el fallo es una advertencia de que la explotación de la información personal sin transparencia ni consentimiento tiene un coste legal, financiero y político cada vez más alto.

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En los últimos meses y al “calor” de las diferentes IAs han ido apareciendo un gran número de aplicaciones deepfakes con un común denominador: eran herramientas “gratuitas” que permitían realizar la creación en tiempo real desde cualquier móvil o tableta. La última de ellas, como contamos, apareció a través de Grok y su generador de imágenes.

Frente a ellas, aparece Dinamarca con una idea pionera para combatirlas.

Copyright de nuestra imagen. En un movimiento legal inédito en Europa, Dinamarca planea reformar su legislación de derechos de autor para otorgar a sus ciudadanos lo que podría describirse como un copyright personal sobre tu imagen, voz y rasgos faciales. La propuesta del Ministerio de Cultura, que se someterá a votación parlamentaria en otoño y ya cuenta con un amplio respaldo político, busca frenar el uso no consentido de identidades personales en contenidos generados por inteligencia artificial.

En la práctica, el nuevo marco permitiría a cualquier ciudadano danés exigir la retirada de plataformas digitales de cualquier imitación digital realista (ya sea imagen, voz o vídeo) generada sin permiso, e incluso solicitar compensaciones económicas por el perjuicio causado. También cubriría actuaciones artísticas reproducidas por IA sin consentimiento, prohibiendo, por ejemplo, versiones ficticias de canciones interpretadas por voces clonadas de artistas reales.

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Una amenaza digital urgente. El avance explosivo de la IA generativa ha permitido que cualquier persona, con herramientas al alcance de todos, pueda crear una versión extremadamente realista de otra sin su conocimiento. Desde audios falsificados que suplantan voces hasta vídeos sintéticos que parecen auténticos, los deepfakes han abierto una nueva era de suplantación identitaria, manipulación política y acoso digital.

Lo que Dinamarca plantea es una respuesta legal basada en un principio claro: el cuerpo, la voz y el rostro no son solo rasgos físicos, sino elementos de la identidad personal, y por tanto deben ser protegidos como propiedad intelectual. El ministro de Cultura, Jakob Engel-Schmidt, ha sido categórico: “Los seres humanos pueden ser pasados por la fotocopiadora digital y utilizados para todo tipo de fines. No estoy dispuesto a aceptar eso”.

Limitaciones y excepciones. La propuesta danesa, aunque innovadora, no está exenta de interrogantes legales. El proyecto distingue claramente entre imitaciones dañinas y usos legítimos como la sátira o la parodia, que seguirán protegidas bajo el principio de uso justo. No obstante, algunos expertos temen un uso excesivo o arbitrario de estos derechos.

¿Podría una persona forzar la retirada de un contenido simplemente porque no le gusta cómo aparece? El texto, al centrarse en representaciones digitales realistas, parece querer evitar ese tipo de abuso, pero el margen de interpretación sigue presente. La ley prevé también sanciones severas para plataformas que no respondan a tiempo a las solicitudes de retirada, lo que aumentará la presión sobre los gigantes tecnológicos para que desarrollen sistemas más eficaces de detección y moderación automatizada.

Un modelo que puede extenderse. Dinamarca aspira a que su legislación sirva como modelo para otros países europeos. Engel-Schmidt ya ha declarado que aprovechará la próxima presidencia danesa del Consejo de la UE para promover la armonización de este enfoque a escala continental.

Si prospera, estaríamos ante una redefinición del derecho a la imagen como un nuevo tipo de propiedad intelectual. La idea de recibir un copyright personal junto con el certificado de nacimiento puede parecer distópica, pero está alineada con una realidad emergente: en la era digital, proteger la identidad exige herramientas jurídicas adaptadas al poder de replicación masiva de las máquinas.

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El precedente estadounidense. Aunque el proyecto danés es el más ambicioso de su tipo en Europa, no es el único. En Estados Unidos el Congreso aprobó recientemente la Take It Down Act, una ley más limitada que permite a las víctimas de pornografía no consensuada pedir la retirada de imágenes íntimas falsas. No obstante, ha sido criticada por su vaguedad y el riesgo de ser utilizada con fines maliciosos.

Sea como fuere, la comparación muestra cómo el debate sobre los deepfakes está creciendo, aunque aún carece de un consenso global sobre cómo equilibrar libertad de expresión, privacidad, propiedad intelectual y viabilidad técnica. Dinamarca, con su propuesta, no pretende resolver todos estos dilemas, pero sí traza al menos una frontera clara: ninguna tecnología debe(ría) tener derecho a apropiarse de lo que nos hace únicos.

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¿Cuánto tiempo usas tú móvil al día? Telefónica se hace eco de este estudio de Digital para 2024 que arroja un dato devastador: de media en el mundo le dedicamos cinco horas y un minuto al móvil en nuestro día a día, un 5,6% más que el año anterior ('solo' 16 minutos más).

Teniendo en cuenta que lo normal son ocho horas de trabajo y otras ocho horas de sueño (o al menos, de forma aproximada), lo que nos deja ocho horas para todo lo demás: el ocio, estar con familia y amiguis, los trámites y otras gestiones del adulting...¿dónde quedan entonces esas cinco horas largas de móvil de media? Aunque cada persona es un mundo, es altamente probable que ese tiempo de móvil se lo quitemos a todo lo demás.

En pocas palabras: el móvil nos quita el sueño, nos distrae cuando estamos viendo una peli o hablando con alguien cara a cara y sí, también ayuda a mitigar la jornada de trabajo. Eso sí, hay trabajos y trabajos: empleos donde se necesita un teléfono para trabajar, otros donde es impensable, trabajos presenciales y otros telemáticos y en general, una vasta mayoría donde poder sacar el móvil bajo cualquier pretexto más o menos de extranjis.

Lo que dice el derecho laboral sobre sacar el móvil en el trabajo

Y decimos lo de sacar el móvil de extranjis en nuestro puesto de trabajo porque salvo que se use expresamente para desempeñar nuestra labor, lo normal es que esté mal visto. Incluso, que esté prohibido. Pero, ¿puede una empresa prohibirte usar el teléfono en tu trabajo?

Rotundamente sí y de hecho, te puedes enfrentar a sanciones e incluso a un despido. El experto en derecho laboral Juanma Lorente explica en su perfil de TikTok que la mayoría de las empresas lo hacen mal respecto al uso del móvil en su plantilla.

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Y lo detalla así: 'Imagina que estás en tu centro de trabajo viendo cualquier cosa en el móvil, viene un superior y te sanciona. Sin embargo, tú no sabías en ningún momento que el móvil estaba prohibido, o solo te lo habían dicho verbalmente. Esta sanción es totalmente impugnable y se debería dejar sin efecto'.

Prosigue explicando que 'la empresa debe recoger en un documento que el móvil está prohibido, debe formar parte de las normas o las reglas de la empresa. Además, este documento donde se recoge que el móvil está prohibido puede ser notificado al trabajador, es decir, el trabajador debe confirmar que conoce este documento.'

Por ejemplo, puede estar dentro de la documentación que firmas al comenzar a trabajar o tras hacer cualquier formación donde te expliquen las normas. De ese modo constaría una prueba escrita de tu conocimiento expreso de la norma. Pero si no hay documentación que avale esa prohibición ni se te ha notificado (ni queda constancia) , entonces puedes impugnar.

Eso sí, 'si este documento existe y está firmado por el trabajador, será totalmente legal que te sancionen', termina el abogado laboralista. Aquí lo explica todo en un vídeo:

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Portada | Foto de bruce mars en Unsplash

Tarde o temprano pasa: vas a hacer uso de tu tarifa de datos y voz en el móvil o de tu internet doméstico y descubres que no funciona. Después de las comprobaciones pertinentes para constatar que no es cosa nuestra y sí del operador, lo normal es dar unos minutos y llamar a la empresa que te suministra el servicio. ¿Qué pasa si nos quedamos unas horas o incluso unos días sin el servicio?

Aunque sea cuestión de poco tiempo y con la mayor brevedad dispongamos del servicio y nos olvidemos, la realidad es que por ley tienes derecho a recibir una indemnización como cliente (insistimos: siempre y cuando no sea por culpa del abonado). La información es poder, así que te contamos a qué indemnización tienes derecho en caso de corte del servicio y cómo es el procedimiento.

Respecto a imputar al cliente como responsable del corte, se tienen en cuenta dos consideraciones. La primera es el incumplimiento de sus condiciones contractuales (impago, retrasos o fraudes) y la segunda, daños producidos a la red por conectar dispositivos no homologados.

Como recoge la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, la cuantía de esta indemnización y el procedimiento para recibirla dependerá del tipo de servicio.

Incidencias en internet

El cálculo de la compensación es bastante sencillo, limitándose a devolver el importe de las cuotas fijas prorrateadas por el tiempo del corte. Como normalmente pagamos una tarifa plana, es tan fácil como calcular el importe proporcional.

Lo bueno es que como la operadora tiene obligación de indemnizar a sus clientes automáticamente, esta indemnización la verás en la próxima factura. Eso sí, siempre y cuando el corte del servicio supera las seis horas en horario de 8 a 22 horas. Fíjate bien en esta factura, porque aparecerá la fecha, la duración y el cálculo de la compensación.

Incidencias en telefonía fija y móvil

Si la incidencia se debe a una causa de fuerza mayor, se te devolverán las cuotas fijas prorrateadas por el tiempo de la interrupción. Si no es el caso, entonces el importe de la compensación dependerá tanto del tiempo que la línea haya estado interrumpida como de la media de consumo de los últimos tres meses. En cualquier caso, el importe será superior a:

• Al promedio del importe facturado por todos los servicios interrumpidos durante los tres meses previos al corte, prorrateado por el tiempo de la interrupción.
• Cinco veces la cuota mensual del abono o equivalente, prorrateado por el tiempo de duración de la interrupción.

Para recibir la compensación no tendrás que hacer nada, ya que la operadora tiene obligación de compensarte automáticamente en la siguiente factura tras el corte, siempre y cuando esta indemnización tenga un importe superior a un euro. Presta atención a esa factura, ya que aparecerán datos de la incidencia como la fecha en la que se produjo, lo que duró y cómo se ha hecho el cálculo.

Incidencias en packs combinados de telefonía e internet

Cuando internet y las líneas fijas o móviles forman parte de un pack que pagamos conjuntamente, se aplican las mismas reglas que en los puntos anteriores. Eso sí, en este caso habrá que distinguir qué parte de la cuota corresponde a qué servicio. Aquí pueden darse dos escenarios:

• Si la operadora explica en su oferta qué parte del precio corresponde a cada servicio, entonces procederemos teniendo esta consideración.
• Si la operadora no detalla qué importes corresponden a cada servicio, entonces se tomará como referencia el proporcional de su contratación por separado. Y si la empresa no dispone de esta opción, entonces se considerará que internet supone el 50%.

He sufrido una incidencia en mi línea telefónica o internet y no he recibido indemnización

Si tras sufrir un corte en el servicio de la línea telefónica o de internet apto para compensación y tu operadora no te ha indemnizado, entonces tocará realizar una reclamación siguiendo este procedimiento detallado por la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones.

A modo de resumen, lo primero supone presentar la reclamación a tu operador  por vía telefónica, postal, internet o en persona con el contrato en mano. Como respuesta, el operador te proporcionará un número de referencia del caso para el seguimiento.

Si en un mes no recibes respuesta, entonces tendrás que acudir al Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y rellenar un formulario para llevarlo a cabo, pudiendo demorarse hasta seis meses.

Portada | DALL-E 3 en ChatGPT editada (Laura Sacristán)

Vía | ADSLZone

En Xataka Móvil | Cómo saber si hay una incidencia con tu operador de fibra o móvil

Imagina que se te estropea el móvil, y te animas a repararlo tu mismo. ¿Serías capaz de hacerlo? El derecho a reparación fue aprobado por el Parlamento Europeo y entró en vigor en primavera del 2021. Desde entonces, los fabricantes se han tenido que adaptar a este cambio ofreciendo soluciones para que los usuarios reparen sus propios dispositivos. Uno de los más conocidos, Apple, ha abierto el servicio de autorreparación, disponible también en España.

Sin embargo, parece que la Comisión Europea considera insuficiente lo propuesto hasta el momento y ya tiene nuevas medidas para ampliar este 'derecho a reparar'. Según el comunicado lanzado desde Bruselas, hay una nueva propuesta de normas comunes para promover la reparación de productos. Así quiere Europa que ahorremos dinero reparando nuestros equipos.

Más opciones sencillas y económicas para reparar nuestros móviles

Tal y como leemos en la nota de prensa, la Comisión Europea ha adoptado una nueva propuesta, consultable desde aquí, para que los usuarios gocen de opciones más baratas y fáciles que les ayuden a reparar dispositivos electrónicos como smartphones y tablets.

Como comentan, esto supondrá un ahorro para los usuarios, evitando el desembolso de dinero al comprar un nuevo dispositivo. Y por si fuera poco, estas medidas contribuirán a cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo, que lucha por mejorar el medioambiente con una serie de metas para los próximos años.

Principalmente, estas medidas buscan que, una vez cumplida la garantía legal de nuestros productos, tengamos más opciones para ejercer nuestro derecho. No obstante, también se menciona el periodo de garantía, en el que los vendedores deberán ofrecer la reparación. Eso sí, exceptuando el caso en el que la sustitución del producto sea más barata, en esa tesitura, deberían proceder dándonos un nuevo artículo.

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Nuevos derechos e instrumentos para que reparar nuestros dispositivos sea más accesible

La Comisión Europea comenta también que los consumidores tendremos un nuevo conjunto de derechos e instrumentos para que cualquiera pueda arreglar su dispositivo. A modo de resumen, te contamos las medidas:

• Derecho a reclamar que los productores reparen productos "técnicamente reparables". De esta manera, tendremos siempre alguien a quien recurrir cuando lo necesitemos.
• Obligación a los productores de que informen a los usuarios sobre los productos que están obligados a reparar.
• Una plataforma online de reparación: la CE quiere que tengamos acceso a una plataforma en línea que nos ponga en contacto con talleres de reparación, así como con vendedores de productos renovados.
• Un formulario que podemos solicitar para que los talleres nos ofrezcan el presupuesto y las condiciones de la reparación.
• Creación de un estándar de calidad europea: este indicará qué talleres gozan de una buena calidad de reparación, estos deberán ofrecer un mínimo de calidad.

Como hemos podido comprobar, parece que en Europa se han puesto las pilas para impulsar la reparación de productos, tanto de manera autónoma, como con medidas que harán más transparente la relación con talleres que arreglan nuestros dispositivos electrónicos. No cabe duda de que estas medidas ayudarán a que muchos usuarios no tengan que adquirir un nuevo producto, con todo lo que esto conlleva, tanto a nivel económico como de impacto medioambiental.

Más información | Comisión Europea

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Tras la normativa de las llamadas a números 905 que vela por los derechos del usuario, mañana viernes entra en vigor otra nueva norma que regula el uso de los SMS premium (aquellos SMS enviados a números cortos y que permiten la descarga de contenidos o la participación en concursos, sorteos y programas de radio y televisión).

A partir de ahora, los usuarios sabrán el coste exacto de los servicios SMS Premium a través del primer dígito del número corto al que envían el mensaje, obligando a la empresa que presta el servicio, a informar previamente de su precio cuando se trate de servicios de precio superior a 1.20 euros.

Además, la nueva regulación prohíbe que se exija a los consumidores el envío de dos o más mensajes consecutivos para solicitar un servicio y establece que para cancelar las suscripciones baste con la palabra "BAJA" o que el cliente solicite la desconexión a su operador.

Parece que poco a poco podremos sentirnos más seguros ante los abusos de algunos de estos servicios. ¿Serán suficientes estas normativas para proteger al usuario o crees que también de debería regular otros aspectos?

Vía | CincoDías.