Corea del Sur ha tomado una decisión histórica: el móvil está bien para los adultos, pero en las escuelas estará prohibido

El desafío ahora será equilibrar el rigor de la prohibición con el derecho a la autonomía individual

Miguel Jorge

Editor

Durante gran parte del año hemos ido viendo cómo se sumaban naciones bajo una misma idea: poner límites y restricciones al uso de los móviles en las escuelas, sobre todo entre los más pequeños. A esa cada vez más larga lista se acaba de sumar una nación: Corea del Sur.

Una ley nacional. Sí, Corea del Sur ha aprobado una nueva ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles y dispositivos inteligentes durante las clases en escuelas primarias y secundarias, una medida que entrará en vigor la próxima primavera y que convierte en obligación legal lo que desde 2023 ya se aplicaba de manera desigual mediante directrices escolares.

El objetivo declarado es reducir la distracción, mejorar el rendimiento académico y proteger la salud mental de los estudiantes en un país donde la penetración tecnológica es altísima y la adicción digital constituye un problema de salud pública. La norma permite excepciones en casos de emergencia o para fines pedagógicos específicos, otorga a directores y docentes la facultad de impedir que los alumnos porten o usen móviles dentro de los centros y obliga a impartir educación sobre hábitos digitales saludables.

Presión social. Padres y profesores llevaban años reclamando este cambio, convencidos de que los móviles alteraban el clima de las aulas y perjudicaban el desarrollo emocional de los adolescentes. El diputado opositor Cho Jung-hun, impulsor inicial del texto, presentó el proyecto como respuesta a la creciente dependencia tecnológica entre los jóvenes.

Sin embargo, colectivos en defensa de los derechos estudiantiles criticaron la medida por considerarla una intromisión en libertades constitucionales como la privacidad, la comunicación y el derecho a la felicidad. El debate ha sido intenso: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que antes cuestionaba la confiscación de móviles, cambió de postura y reconoció que retirarlos durante toda la jornada no vulnera derechos fundamentales.

El peso de la adicción. El contexto de la ley se entiende a la luz de cifras alarmantes: según un estudio gubernamental de 2024, casi una cuarta parte de la población surcoreana (unos 12 millones de personas) reconoce una dependencia tan fuerte del smartphone que no logra controlar su tiempo de uso pese a los efectos negativos en su vida física, psicológica y social.

Entre los jóvenes de 10 a 19 años, la proporción sube hasta el 43%, un dato que explica por qué la escuela se ha convertido en el frente principal de intervención estatal. Algunas instituciones ya habían optado por medidas drásticas como confiscar los teléfonos todo el día, anticipando lo que ahora será una práctica respaldada ahora por la ley.

Un movimiento global. Lo hemos ido contando. Con esta decisión, Corea del Sur se suma a países como Francia, Finlandia, Italia, Países Bajos o China, que también han implantado restricciones al uso de móviles en la escuela. No obstante, el caso surcoreano reviste un simbolismo especial: en la cuna de gigantes tecnológicos y en uno de los países más hiperconectados del planeta, se reconoce oficialmente que la digitalización sin control puede minar tanto la educación como la salud mental.

El desafío ahora será equilibrar el rigor de la prohibición con el derecho a la autonomía individual, en un contexto donde las aulas se convierten en el laboratorio social de una nación que intenta redefinir su relación con la tecnología que ella misma ayudó a expandir.

Imagen | Samuel Orchard

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