Un descuento del 25% en la factura de móvil e internet: así es la nueva ayuda que prepara el Gobierno

El Gobierno se ha propuesto renovar el Servicio Universal de Telecomunicaciones y ha sometido a audiencia pública el proyecto de Real Decreto que aprueba el nuevo Reglamento. Una de sus medidas estrella es la que pretende dar el salto de 10 a 100 Mbps como velocidad mínima para todos.

La otra es la que obligará a todos los operadores a ofrecer tarifas sociales con un 25% de descuento para colectivos vulnerables, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro. La idea es que empiece a aplicarse 2027, veamos en qué consiste.

Entrará en vigor el 1 de enero de 2027

El Servicio Universal de Telecomunicaciones es un servicio que puede solicitar cualquier persona y que incluye la línea de teléfono fijo y el acceso fijo a internet con una calidad determinada y a unos precios asequibles. Actualmente, el operador designado para garantizar la prestación de este servicio es Telefónica (Movistar) y la velocidad mínima de la conexión fija a internet son 10 Mbps. 

Para las personas con renta baja, el servicio universal de telecomunicaciones obliga a Telefónica a ofrecer el 'Abono social', que consiste en un descuento del 70% en la cuota de alta y del 95% en la cuota mensual de abono. Va dirigido a jubilados y a pensionistas cuya renta familiar no exceda el 120% del IPREM. 

Además, para todos aquellos colectivos vulnerables que no son jubilados o pensionistas, la mayoría de operadores cuenta con tarifas sociales y el Gobierno ofrece una ayuda de 240 euros al año (el denominado 'Bono Social de conectividad' o 'Bono digital').

Ahora, el Gobierno está preparando un nuevo reglamento para el Servicio Universal de Telecomunicaciones que propone aumentar la velocidad a un mínimo de 100 Mbps y ampliar la obligatoriedad de garantizarlo a todos los operadores (no sólo a Telefónica).

Ese nuevo régimen, que está previsto que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2027, establece también que todos los operadores deberán ofrecer un descuento de al menos un 25% en sus tarifas de fibra y móvil a usuarios con rentas bajas, ONGs y pymes. 

Esa subvención, además, llegará a un mayor número de personas, pues también incluye como potenciales beneficiarios a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, que actualmente son cerca de 800.000 hogares.

Y algo muy importante: todos los operadores estarán obligados no sólo a ofrecer esas tarifas sociales, sino a publicitarlas de manera visible y accesible para los usuarios, de manera que el acceso a este tipo de ayudas no sea tan difícil como en la actualidad.

Imagen de portada | Movistar

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