La Unión Europea lleva años buscando la soberanía digital, un concepto que se resume en no dependen de las grandes corporaciones de EEUU o de infraestructuras extranjeras para manejar datos sensibles. Ya el año pasado vimos iniciativas como Docs, un Google Docs europeo de código abierto, y ahora hay un salto más ambicioso: Euro-Office.

Ayer se lanzó oficialmente la primera versión estable de Euro-Office. Respaldada por una alianza de empresas europeas conformado por IONOS, Nextcloud, Proton u OpenProject, esta suite ofimática quiere convencer a administraciones públicas, universidades y empresas de que pueden ahorrarse las licencias de Microsoft Office sin romper su flujo de trabajo. Veamos qué trae y cómo funciona.

Qué es exactamente Euro-Office y cómo funciona

A diferencia de productos como Word o LibreOffice, Euro-Office no está pensado para que descarguemos un instalador y lo usemos de forma aislada en el PC. Su planteamiento es más moderno y colaborativo: es un componente web que se integra en otras plataformas.

Su valor reside en formar parte de entornos de trabajo donde el almacenamiento y los permisos ya están controlados por el usuario. Por ejemplo, si una empresa usa Nextcloud Hub o los servicios de Proton, Euro-Office es el motor que permite abrir, crear y editar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones en tiempo real desde el navegador.

Para evitar rechazos, sus desarrolladores han apostado por una interfaz familiar para cualquier usuario que haya tocado alguna vez Microsoft Office o Google Docs. Además, el soporte de archivos es casi total: trabaja nativamente con DOCX, PPTX, XLSX y PDF, así como con los formatos abiertos ODF.

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Curiosidades: un fork para huir de Rusia

Una de las particularidades más llamativas de Euro-Office es su origen. No ha sido programado desde cero, sino que han hecho un fork (partir de una copia para tener sus propios cambios después) del código fuente de OnlyOffice.

¿Por qué motivo han escogido este camino? Según explican en su repositorio oficial en GitHub, la colaboración con OnlyOffice se había vuelto imposible. Los creadores de esta suite europea denuncian que la empresa original de matriz rusa, carecía de transparencia, ofuscaba partes del código, cerraba funciones en las apps para móvil e ignoraba a la comunidad.

En un contexto geopolítico delicado, hay administraciones reticentes a utilizar software que dependa de desarrolladores radicados en Rusia por temor a injerencias. Por su parte, Euro-Office toma ese código bajo licencia AGPL, lo audita, lo limpia y establece una gobernanza transparente basada en el principio de "quien programa, decide".

Polémica con LibreOffice: "la soberanía también está en el formato"

A pesar de sus buenas intenciones, el lanzamiento no ha sido un camino de rosas. La iniciativa ha chocado con otra institución del software libre europeo: The Document Foundation, los creadores de LibreOffice.

Em una dura carta abierta, Italo Vignoli, ha cargado contra el relato de Euro-Office. En primer lugar, critica que no se vendan como la primera suite europea, recordando el legado de StarOffice, OpenOffice y la propia LibreOffice.

Y el verdadero reproche es más profundo e ideológico. TDF acusa a Euro-Office de tener un discurso contradictorio: se autodenominan adalides de la soberanía digital europea, pero utilizan por defecto los formatos propietarios de Microsoft para garantizar su cuota de mercado, en lugar de priorizar el estándar abierto. Según la fundación, esta decisión "refuerza la estrategia de Microsoft contra la soberanía digital europea".

El debate es complejo: mientras LibreOffice defiende el estándar Open Source, el pragmatismo de empresas como Nextcloud o Proton entiende que sin una buena compatibilidad con el estándar de facto en todo el mundo, ninguna administración se atreverá a dar el salto.

Sea como fuere, el mercado cuenta con una herramienta poderosa, lista para producción, que permite editar documentos manteniendo los datos 100% bajo control europeo. Que logre o no destronar a Word y los productos de Microsoft es algo que solo el tiempo dirá.

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Cuando la Unión Europea dejó claro que a partir del 18 de febrero de 2027 todos los smartphones vendidos en Europa deberían llevar una batería accesible por el usuario, la teoría más extendida fue que los grandes fabricantes buscarían la vía fácil.

La propia normativa incluye una derogación que permite evitar el rediseño completo si el dispositivo tiene IP67 o superior y su batería aguanta 1.000 ciclos al 80 % de capacidad, algo que los Galaxy S de gama alta ya cumplen. Samsung podría haber usado esa puerta y no cambiar prácticamente nada.

Pero el análisis de un conjunto de patentes registradas y actualizadas recientemente por Samsung en bases de datos públicas como Espacenet dibuja un escenario diferente. En lugar de acogerse a la derogación, los laboratorios de Samsung parecen estar trabajando en una solución técnica real.

Conviene señalar desde el principio que estamos hablando de patentes, no de producto confirmado. Una patente registrada no implica que vaya a llegar al mercado, y Samsung presenta regularmente tecnologías que nunca se materializan en hardware comercial. Pero la combinación y la fecha de actualización de estas patentes es lo suficientemente coherente como para merecer atención.

El fin de las bolsas de aluminio: carcasas de acero inoxidable

La primera patente relevante apunta a un cambio en el material de la propia batería. Samsung estaría pasando de las bolsas de aluminio que usa actualmente, el formato de batería de bolsa o pouch cell, a carcasas de acero inoxidable, lo que en las patentes se describe como diseño SUS CAN.

El razonamiento técnico tiene sentido. Las bolsas de aluminio son lo suficientemente flexibles como para encajarse en los espacios ajustados de un smartphone, pero son frágiles para el manejo frecuente por un usuario no especializado.

Si la batería va a ser algo que el usuario saca y mete, necesita una carcasa que resista ser agarrada, transportada y colocada sin que haya riesgo de perforación o deformación. El acero inoxidable proporciona esa rigidez estructural a costa de un peso algo mayor, pero resuelve el problema de durabilidad para el uso repetido.

El sistema de cartucho: una puerta que deja salir la batería sin que se atasque

La patente más llamativa, y probablemente la más relevante para entender el diseño del posible Galaxy S27, describe un exoesqueleto articulado con un cuerpo móvil, que en términos más directos sería una jaula protectora de la batería con una puerta que permite extraerla deslizándola hacia fuera.

El sistema está diseñado específicamente para evitar uno de los problemas que históricamente han hecho difícil el acceso a la batería en smartphones premium: el swelling.

Cuando una batería se hincha con el uso, puede quedar atrapada dentro del chasis aunque teóricamente sea extraíble. El exoesqueleto articulado actuaría como guía y protección, garantizando que la batería siempre pueda salir sin quedar encajada, aunque haya sufrido deformación parcial por el uso.

Conectores en lugar de soldaduras: el cambio que hace posible la desconexión

Uno de los problemas técnicos más complejos de una batería extraíble es la conexión eléctrica. En el diseño actual, la batería está conectada a la placa base mediante cables soldados directamente, lo que hace que extraerla implique cortar o desenchufar esa conexión de forma que no siempre es reversible sin herramientas especializadas.

Las patentes de Samsung apuntan a sustituir ese sistema por conectores FPC, circuitos flexibles de impresión, que permiten que la batería se encaje en el rail de alimentación de la placa base como si fuera un módulo con conector reutilizable. El resultado sería un sistema donde la batería se desconecta y se reconecta como si fuera un conector USB: sin soldar, sin pegar, sin herramientas especiales.

La solución al IP68: doble sellado con bisagra y juntas

El obstáculo que más se ha invocado para argumentar que las baterías extraíbles son incompatibles con los smartphones premium es la resistencia al agua. Un teléfono con una apertura para la batería parece difícilmente compatible con la certificación IP68 que garantiza la resistencia a la inmersión.

La patente de carcasas articuladas con cierre hermético propone una solución de doble sellado: la batería está encerrada dentro de su propio módulo sellado antes de entrar en el teléfono, y ese módulo a su vez encaja en el chasis mediante una bisagra que incorpora juntas de goma.

El resultado sería un sistema donde la apertura de la batería no compromete directamente el sellado interior del dispositivo, porque hay dos capas de protección entre el exterior y los componentes sensibles.

Que Samsung haya registrado y actualizado estas patentes en bases de datos públicas es un indicador real de la dirección de su I+D. Pero una patente no es un anuncio de producto. Samsung podría usar partes de este conjunto técnico, todas o ninguna, en los Galaxy que lleguen al mercado en 2027. Y la fecha límite de la normativa europea es el 18 de febrero de ese año, lo que encaja con el calendario del Galaxy S27.

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Lo que sí muestra este conjunto de patentes, tomado en su totalidad, es que Samsung lleva tiempo trabajando en una solución técnica que va más allá de buscar la derogación legal.

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El camino hacia un sistema seguro para verificar la edad en Internet sigue su curso. Mientras en España seguimos esperando el polémico "pajaporte", la Comisión Europea ha decidido tomar la delantera. Hace dos días, la presidenta Ursula von der Leyen, anunció que su propia aplicación oficial ya estaba lista y lanzó una advertencia a las plataformas: "Ya no hay más excusas". 

Bruselas presentó esta herramienta de código abierto asegurando que contaba con "los estándares de privacidad más altos del mundo" para gestionar datos delicados como el DNI o el pasaporte de los ciudadanos. Sin embargo, apenas 48 horas después del anuncio, un usuario ha conseguido hackear la app en menos de dos minutos: ha destapado fallos de diseño que resultan ciertamente desalentadores.

Un hackeo de manual

El hallazgo es obra de Paul Moore, un investigador de seguridad que ha analizado las tripas de la nueva herramienta de Europa (cuyo código es accesible). A través de su cuenta en X, Moore ha publicado un vídeo y una explicación técnica con cierto detalle de cómo ha logrado vulnerar el sistema de autenticación de la app con una facilidad pasmosa.

Toca en la imagen para ir a la publicación original

El problema radica en cómo la app gestiona el PIN del usuario: según explica el experto, cuando se configura la herramienta por primera vez y crea un código PIN, el sistema lo cifra y lo guarda en un directorio de preferencias compartidas. Aquí aparecen dos fallos de diseño:

• El PIN no debería cifrarse y guardarse de esta manera, según Moore, ya que expone los vectores de inicialización a manipulaciones en local.
• Lo más crítico: ese PIN no está vinculado de forma criptográfica a la bóveda de datos que contiene la información de identidad del usuario.

¿Qué implica esto en la práctica? De acuerdo a la investigación, un atacante con acceso al dispositivo puede simplemente ir a los archivos de configuración de la app, borrar los valores cifrados del PIN antiguo y reiniciar el software. Al hacerlo, el sistema permite configurar un PIN nuevo, dando acceso total a las credenciales de identidad que se hayan configurado previamente.

Por si fuera poco, Moore encontró otras vulnerabilidades en el mismo archivo de configuración. El límite de intentos fallidos para meter el PIN es un simple contador numérico que puede resetearse a cero manualmente para seguir probando combinaciones. Además, la obligación de usar biometría (huella o reconocimiento facial) es una simple variable booleana (verdadero o falso) que puede cambiarse a False editando el archivo y saltando así este paso de seguridad.

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La promesa de Bruselas, en entredicho

Ante el revuelo generado por este hackeo, el investigador ha querido ser justo aclarando que la documentación actual de la aplicación no la presenta todavía como una versión final lista para producción. Es una versión preliminar de desarrollo, lo que viene a ser una demo.

El problema de esto y lo que preocupa a la comunidad es la disonancia entre la realidad técnica y el discurso político. Mientras que el código muestra vulnerabilidades, la presidenta de la Comisión Europea vendió el producto hace dos días como una solución ya preparada, gratuita y segura.

Como señala Moore, estos no son simples bugs menores que se parchear rápido, sino fallos en los cimientos de la autenticación que hacen preguntarse cómo han podido llegar a una versión de prueba de una app gubernamental. Este tropiezo no es la única crítica recibida: la comunidad Open Source levantó la mano por su dependencia a los servicios privativos de Google.

Aunque suponemos que estos fallos concretos se solucionarán antes del lanzamiento oficial para el gran público, el incidente ha sembrado una semilla de duda. Bruselas quiere que confiemos nuestros documentos e identidad a su herramienta, pero por ahora ha demostrado no estar preparada para evitar una brecha de datos.

Imagen destacada | PxHere

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El debate sobre la prohibición de las redes sociales a los menores por el impacto que tiene en su salud mental está más vivo que nunca. Algunos países como España o como Francia ya se han posicionado a favor de hacerlo, aunque por el momento no coinciden ni en la edad, ni en la forma de llevarlo a cabo. 

Mientras tanto, la Comisión Europea ha decidido mover ficha y, con el objetivo de proteger a los niños de los peligros de internet, ha anunciado el lanzamiento de una aplicación móvil para verificar la edad de los menores que pronto podrán usar los ciudadanos europeos.

No rastrea ni almacena datos

"Es responsabilidad de los padres criar a sus hijos. No de las plataformas. La aplicación europea de verificación de edad está lista". Con esas palabras, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado el lanzamiento de una app que, asegura, cumple "los estándares de privacidad más altos del mundo".

Imagen: Comisión Europea

Por el momento, sabemos que esta nueva aplicación es de código abierto homogéneo en los 27 estados miembros, muy fácil de usar y funciona en cualquier dispositivo móvil. Además, es completamente anónima, no rastrea a los usuarios y el único dato personal que almacena es la acreditación de la edad.

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Para verificar la edad, usará el DNI o pasaporte, de manera que, hasta que no pruebes tu edad, no podrás acceder a contenidos restringidos para mayores (incluyendo redes sociales o webs con contenidos pornográfico). "Igual que las tiendas piden una prueba de su edad a las personas cuando compran bebidas alcohólicas", ha dicho von der Leyen. Y ha sentenciado: "no hay más excusas".

Según ha confirmado la propia Comisión Europea, la aplicación ya está lista y pronto estará a disposición de los europeos en todos los estados miembros, aunque al ser de código abierto, el objetivo es convertir esta herramienta en un estándar global. 

Imagen de portada | Jessica Lewis thepaintedsquare (Pexels) / Comisión Europea

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Era cuestión de tiempo. Desde que WhatsApp lanzó sus «Canales», la app dejó de ser únicamente una herramienta de mensajería privada para convertirse en una de difusión masiva. Ayer, Bruselas confirmó lo que se venía gestando: la Comisión Europea ha designado formalmente a WhatsApp como una Very Large Online Platform (VLOP) bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Esto coloca a la app de Meta en el mismo nivel de exigencia y vigilancia quee gigantes como TikTok, YouTube o Instagram. A partir de ahora, estará obligada a asumir responsabilidades sobre lo que circula por sus servidores.

Qué ha pasado. La Comisión Europea ha confirmado que WhatsApp entra en la lista de plataformas de gran tamaño. La normativa europea establece que cualquier servicio con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE debe someterse a las reglas más estrictas de la DSA.

De acuerdo a los últimos datos, los «Canales» de WhatsApp han alcanzado los 51,7 millones de usuarios promedio en los últimos seis meses. Este dato supera con holgura el umbral regulatorio. Así que no les queda otra que aceptar que están dentro.

A qué afecta. Es importante matizar el alcance. La designación solo afecta a la función de WhatsApp Channels y no a la mensajería privada. Los chats, las notas de voz y las videollamadas entre usuarios siguen estando encriptados de extremo a extremo y excluidos de estas obligaciones de moderación de contenidos. ¿Por qué? No se consideran una plataforma pública de difusión.

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Qué obligaciones tiene Meta. Al entrar en la categoría de VLOP, WhatsApp debe cumplir con el nivel máximo de exigencia de la DSA. Esto implica las siguientes obligaciones:

• Gestión de riesgos sistémicos: deberán analizar y mitigar riesgos relacionados con la desinformación, procesos electorales y seguridad pública.
• Transparencia: Meta estará obligada a explicar cómo funcionan sus algoritmos de recomendación para la función, y ofrecer una opción para que no se basen en el perfilado de datos del usuario.
• Auditorías externas: tendrán que someterse a exámenes anuales para demostrar que cumplen con la normativa.
• Protección al menor: se exigirán medidas para evitar que los menores accedan a contenidos nocivos, un punto donde Europa ya ha mostrado preocupación con Instagram.

Cuándo entra en vigor. La maquinaria burocrática ya ha empezado a moverse. Meta dispone de cuatro meses, es decir, hasta mediados de mayo de 2026, para adaptar la infraestructura de WhatsApp a estos requerimientos. Durante este tiempo, deberán enviar a la CE su primer informe de evaluación de riesgos.

Posibles consecuencias de no cumplir. El escenario no de aviso o advertencia: si WhatsApp no se adhiere a las normas, Meta se enfrentará a sanciones económicas muy severas. La DSA contempla multas de hasta el 6% de la facturación global anual de la compañía.

Considerando los ingresos de la matriz de Facebook, hablaríamos de cifras que podrían superar los 11.000 millones de dólares. Sería un riesgo financiero que obligará a la tecnológica a tomarse muy en serio la moderación de sus «Canales» en el viejo continente.

Imagen de portada | Composición con imágenes de Pexels y Pepu Ricca para Xataka Móvil

En Xataka Móvil | La nueva etiqueta de Europa es la pesadilla de las marcas. Xiaomi ya ha tenido que cambiar la estructura de sus móviles por ley

Prácticamente a diario, escuchamos o leemos noticias sobre nuevas legislaciones de la Unión Europea con respecto a la tecnología. Que si hay poner baterías extraíbles, que si los cargadores tienen que ser compatibles, que si las redes tienen que ser así, que los móviles tienen que llevar una nueva etiqueta... En un contexto así, continuamente cambiante, es normal que las marcas que nos venden la tecnología se vuelvan locas.

Para estar preparada y resolver todos los contratiempos que se le presentan en este sentido, Samsung ha dado un paso estratégico: ha contratado a un experto en este tipo de asuntos, con años de experiencia a sus espaldas.

Samsung se prepara para lo que pueda venir

Imagen | USA Reiseblogger

El experto en cuestión es Jeremy Rollison, que anteriormente trabajó durante más de una década en Microsoft, como jefe del departamento especializado en políticas de la Unión Europea. Además de la importante experiencia en la empresa de Redmond, Rollison está graduado por University of Richmond de Virginia y tiene un  master en Estudios Europeos por el Instituto de Estudios Políticos de París. Y no sólo eso, comenzó su carrera en Nokia, donde también se especializó en la relación de la empresa con las leyes europeas. Experiencia y conocimiento de la materia no le faltan.

Ahora en Samsung, va a desempeñar su papel desde Bruselas junto al equipo de relaciones exteriores de Samsung Europa y se espera que refuerce la posición de la marca en nuestro mercado en áreas tan importantes como la IA, la ciberseguridad o la computación en la nube.

El esfuerzo de Samsung para mantener su posición en Europa es de lo más lógico: supone un 17% de sus beneficios (unos casi 29 mil millones de euros durante 2025). Tener a un experto como Rollison es por tanto de vital importancia para poder afrontar los cambios cada vez más estrictos que plantean la UE, como los de la DMA (Ley de Mercados Digitales).

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Entender y cumplir con esta ley es de crucial importancia: mediante ella, la Unión Europea ha identificado a Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Booking y ByteDance como gatekeepers o guardianes del acceso con suficiente poder e influencia como para influir en la competencia o crear monopolios. Y si bien es cierto que Samsung, de momento ha "esquivado el Ojo de Sauron" y se ha salvado de ser identificada como uno de ellos, no podemos olvidar la importancia que tiene Alphabet (matriz de Google) en el sistema operativo de la mayoría de móviles o tablets de la surcoreana.

Ahora por tanto, lo más importante para Samsung es seguir esquivando ser considerada uno de esos guardianes, y es por eso por lo que le interesa tanto conocer esas políticas y cumplir en todo momento con ellas. 

Imágenes | Manu García

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Durante años, Xiaomi estableció una velocidad de crucero para asaltar el mercado con muchas familias y modelos de smartphones. Y eso primaba la velocidad sobre la longevidad, algo que, debido a la normativa europea que entró en vigor el pasado mes de junio, se va a acabar. Los reglamentos 2023/1670 y 2023/1669 de la Unión Europea son ley vigente y ya han afectado al fabricante chino obligándolo a reajustar sus cadenas de producción.

Según informes de sostenibilidad recientes, este cambio ya es palpable en los Xiaomi 15T (que llegaron a España el septiembre pasado) y marca el diseño de los Xiaomi 17 que presumiblemente vienen de camino desde China. No es un simple lavado de cara, es un cambio estructural obligado por Bruselas para que nuestro móvil dure más años.

El dilema. Las pruebas de conformidad EPREL clasifican a la mayoría de estos teléfonos en la Clase C del Índice de Reparabilidad de la Comisión Europea. ¿Es una mala nota? En absoluto, es un compromiso técnico. Para mantener la certificación IP68, Xiaomi sigue utiliziando adhesivos fuertes que dificultan el desmontaje rápido.

La diferencia es que, ahora, esa información es pública en la nueva etiqueta energética que ya explicamos en Xataka Móvil y que puedes ver en las cajas de las tiendas. Ésta nos permite decidir si preferimos un móvil sumergible o uno fácil de abrir para sustituir, por ejemplo, su batería.

Siete años de piezas. Uno de los cambios más drásticos que ya está afrontando la logística de la marca es la obligación de suministro. Para cumplir con la ley actual, Xiaomi debe garantizar que las piezas críticas (pantallas, cámaras, conectores...) de los modelos lanzados después de junio estén disponibles durante al menos siete años tras la retirada del producto. Esto pone fin, sobre el papel, a la obsolescencia, aunque sea por falta de stock de repuestos. Además, ya están obligados a facilitar manuales de reparación alineándose con el derecho a reparar que Europa lleva años impulsando.

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Obligaciones en batería y software. De igual manera, la regulación europea puso un suelo firme: las baterías deben conservar el 80% de su capacidad tras 800 ciclos de carga. Xiaomi asegura que sus móviles, no solo cumplen sino que exceden este requisito: apuntan a los 1.000 ciclos. Esta información ya es visible en el etiquetado del dispositivo.

Y el hardware no sirve de nada si el sistema operativo caduca y es inseguro. Con la ley en la mano, la UE exige un mínimo de cinco años de actualizaciones de seguridad, algo que Xiaomi ha confirmado para HyperOS en sus lanzamientos globales recientes. El matiz importante es que este plazo cuenta desde que se vende la última unidad del modelo, no desde su lanzamiento.

Reto para 2027. Mirando más allá del recién comenzado año, Xiaomi ya se prepara para el siguiente hito regulatorio: la vuelta de las baterías extraíbles en 2027. Los diseños actuales de las series 17 y 15T ya incluyen unas pestañas de extracción para facilitar el cambio de pila. Eso sí, todavía requieren herramientas para abrir la tapa trasera. Es un paso intermedio hacia un futuro cercano donde cambiar la batería de un Xiaomi no requiera demasiada maña. Veremos cómo se adaptan los fabricantes.

Imagen de portada | Composición con imágenes de Xataka Móvil y Xiaomi

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Apple y Google están trabajando en conjunto para poner punto final al que quizás sea el mayor problema al cambiar de móvil: si cambias de un iPhone a un Android, o viceversa, llevarte todos tus archivos y datos es muy complicado y puede llevar mucho tiempo. En el futuro, iOS y Android integrarán de forma nativa la posibilidad de transferir todos estos datos entre sistemas operativos.

Adiós a las aplicaciones de terceros. Actualmente, migrar de un iPhone a un móvil Android (o viceversa) sigue siendo un proceso engorroso, aunque haya mejorado mucho respecto a hace una década. Los usuarios, al migrar de un sistema operativo a otro, dependen de instalar las aplicaciones 'Pasar a iOS' de Apple o 'Cambiar a Android' de Google para transferir su información; pero, aún así, estas herramientas no son capaces de hacer una migración completa y sin pérdida de datos.

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Por ejemplo, migrar el historial de chats de WhatsApp, además de los archivos y las cuentas de usuarios en aplicaciones de terceros, suele requerir el uso del almacenamiento en la nube u otros métodos. Y en algunos casos, sencillamente no es posible migrar estos datos.

Una solución nativa. La colaboración de Apple y Google promete poner fin a esta necesidad, integrando la capacidad de transferir los datos en cada sistema operativo. La última versión de Android Canary (versión de prueba para desarrolladores) ya incluye los primeros rastros de esta función. Además, la nueva herramienta será mucho más potente y permitirá migrar los contactos, las fotos y los vídeos, los calendarios, los mensajes de texto, las redes WiFi, las contraseñas y, además, los datos de las aplicaciones de terceros.

La Comisión Europea está detrás de esto. Que Apple y Google estén trabajando para facilitar el proceso de migrar entre plataformas es una sorpresa, pero hay una explicación. La Comisión Europea se ha atribuido el mérito de esta alianza, asegurando que es una prueba de la efectividad de la Ley de Mercados Digitales, dado que obliga a Apple y a Google a garantizar la portabilidad de los datos y los archivos entre los dispositivos.

Según un comunicado de la Comisión Europea, enviado a 9to5Mac:

Esta solución de portabilidad del sistema operativo permitirá a los usuarios transferir fácilmente datos de iPhone a Android y viceversa, al configurar un nuevo dispositivo. Será compatible con muchos tipos de datos, y también funcionará de forma inalámbrica. Es un cambio significativo en comparación a las soluciones actuales para transferencia de datos, las cuales están muy limitadas.

Este es el resultado directo de la Ley de Mercados Digitales, que requiere que los servicios (incluidos iOS y Android) garanticen una portabilidad efectiva de los datos. Esta solución fue posible gracias a un extenso trabajo de ingeniería y colaboración entre Apple y Google, así como a intensas discusiones con la Comisión durante los últimos dos años.

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Un cambio a nivel mundial, no solo en Europa. Algo muy importante es que aunque la Comisión Europea habría incentivado a Apple y a Google, por así decirlo, a implementar esta posibilidad, la nueva portabilidad entre sistemas no estará limitada al territorio europeo, sino que estará disponible en todo el mundo. Por ahora, se desconoce cuándo estará disponible esta herramienta para todos los usuarios, dado que actualmente solo se encuentra presente en la versión de desarrollo Android Canary.

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Desde la pasada primavera, en nuestra aplicación de WhatsApp convive el famoso “círculo azul” con nuestras conversaciones privadas. Es la forma que Meta le ha dado a su inteligencia artificial. No se puede desinstalar y precisamente este podría ser uno de los motivos por lo que la Comisión Europea estaría empezando una batalla legal contra la empresa de Zuckerberg. Otra más.

Bruselas se prepara para la ofensiva contra Meta AI

Las grandes tecnológicas no están dejando pasar la oportunidad de agregar su IA generativa a sus aplicaciones, algo que puede ser un problema para la privacidad del usuario. Un ejemplo es Google, que ya ha tenido que dar explicaciones sobre esto. Ahora, la sombra de una nueva investigación antimonopolio amenaza a Meta, según informa el Financial Times y ha confirmado durante el día Teresa Ribera, comisaria de la Comisión Europea. 

Tal y como apunta Reuters, esta se llevará a cabo “bajo las normas de antimonopolio tradicionales”, dejando de lado la polémica Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea. Esta investigación se centrará en cómo se implementó Meta AI en la aplicación de mensajería en los mercados europeos.

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Adiós a Luzia, ChatGPT o Perplexity en WhatsApp. Solo habrá un chatbot con IA permitido en 2026

El objetivo sería averiguar si Meta podría estar aprovechando su posición privilegiada en el terreno de la mensajería instantánea para impulsar su IA conversacional. De hecho, Meta ha prohibido el uso de chatbots de la competencia en WhatsApp, como Perplexity, ChatGPT o Luzia, rechazando así todo lo que no sea Meta AI. Una imposición recogida en los términos de WhatsApp for Business que hacen referencia a los “proveedores de IA”.

Cómo afecta esto al usuario

En principio, parecía que esta imposición del círculo azul de Meta AI sobre cualquier otra inteligencia artificial externa iba a ser algo exclusivo de las cuentas Business, pero desde OpenAI han explicado que esto afectará a todos los usuarios. El propio ChatGPT “ya no estará disponible en WhatsApp después del 15 de enero de 2026”.

Por tanto, si el usuario quiere utilizar la inteligencia artificial en WhatsApp, a partir de esta fecha solo va a poder hacerlo mediante el círculo azul. Motivo suficiente para que, desde Bruselas, empiecen a investigar si esto es un abuso de posición dominante y atenta contra las leyes antimonopolio de la UE.

En caso de que la batalla legal se salde a favor de la Comisión Europea, Meta tendría que volver a aceptar la IA de terceros.

Imágenes | Sergio Asenjo (con edición de Gemini)

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Por mandato europeo, todos los smartphones deben contar con cinco años de actualizaciones de software. Esto aplica desde los modelos lanzados a partir del 20 de junio de 2025, con el objetivo de limitar el impacto ambiental de estos dispositivos.

La mayor controversia de esta medida es que se aplica por igual a un móvil de apenas 100 euros que a otro de 1.500 euros, lo que puede suponer un sobrecoste importante para los modelos más económicos, convirtiéndose en un problema.

Motorola busca las fisuras de este plan

Muchos fabricantes, como Samsung, Honor o Google, ya están mejorando las políticas de actualizaciones para sus gamas medias y altas, con entre seis y siete años para sus modelos, lo que supone incluso una ampliación respecto a lo que demanda la Comisión Europea.

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Por ello, llama la atención que haya marcas que todavía mantienen un ciclo de actualizaciones mucho más corto. Es el caso de Motorola. Según explican desde ITDaily, en realidad, ajustándose al texto literal, los fabricantes no están obligados a ofrecer estos cinco años de ‘updates’.

O al menos eso es lo que señalan los abogados de Motorola. Cogiendo el texto palabra por palabra, en el Anexo 2, título 1.2, subtítulo 6a del Reglamento 2023/1670, podemos leer que “desde la fecha de finalización de la comercialización hasta al menos 5 años después de esa fecha, los fabricantes, importadores o representantes autorizados, si proporcionan actualizaciones de seguridad, actualizaciones correctivas o actualizaciones de funcionalidad para un sistema operativo, pondrán dichas actualizaciones a disposición sin coste alguno para todas las unidades de un modelo de producto con el mismo sistema operativo”.

Imagen de Iván Linares para Xataka

Y las encuentra

Una única palabra, un sutil “si”, es el bastón en el que se agarra Motorola para evitar esta imposición de la Comisión Europea. Lo tienen bastante claro. De hecho, el Motorola Edge 70 se ha presentado recientemente con cuatro años de actualizaciones del sistema operativo (y seis años de actualizaciones de seguridad).

Interpretando la normativa de manera literal, los fabricantes no tendrían la obligación de ofrecer estos cinco años. La imposición recae en ofrecerlas de forma gratuita durante esos cinco años, en caso de que efectivamente las lanzaran.

Algo que a todas luces no tiene ningún sentido aclarar, ya que históricamente las actualizaciones de software no han tenido coste para los usuarios.

Imagen de portada | Iván Linares para Xataka (con edición de Gemini)

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