LaLiga ha encontrado un resquicio para perseguir a los usuarios de AceStream: además de espectadores son emisores. Es producto del P2P

  • La organización reactiva el envío de requerimientos a particulares tras obtener un nuevo auto judicial en Córdoba

  • Las cartas exigen 262 euros en concepto de indemnización para evitar un juicio, basándose en la naturaleza P2P de AceStream

Editor

Daba la sensación de que la táctica de enviar cartas a domicilios particulares por parte de LaLiga se había enfriado. Nada más lejos de la realidad, ha vuelto a la carga con más misivas: el organismo presidido por Javier Tebas ha comenzado a enviar una nueva oleada de burofaxes.

Y la diana en esta ocasión no es el usuario de las IPTV, sino específicamente el de AceStream. La tecnología P2P convierte al espectador en emisor, argumento que han esgrimido para facilitar la acusación de difusión ilícita.

Nuevas cartas. Estas llegan amparadas por un nuevo auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Córdoba, emitido el 17 de noviembre de 2025. Pero lo más importante no es solo la autorización, sino qué le permite esta: aunque el fragmento filtrado no confirma la periodicidad exacta, todo apunta a que LaLiga ha replicado el mecanismo que ya estrenó en la temporada 24/25 en un juzgado de Barcelona y que estaba caducado (lo hizo en mayo). Con este nuevo movimiento, LaLiga recuperaría la cobertura legal para la temporada actual.

Esto implicaría que no estamos ante una petición única: es un sistema que permite a LaLiga solicitar cada semana a las operadoras los datos personales de todas las IPs detectadas. Es decir, la maquinaria volvería a ser un grifo abierto de datos (nombre, DNI, dirección de instalación, etc.) durante toda la competición.

La "oferta" vinculante. En esta nueva oleada, el organismo exige 262 euros para evitar ir a juicio. La cifra es inferior a los 450 euros reclamados en los burofaxes de finales de 2024, un ajuste que se interpreta como una estrategia para facilitar el pago rápido y evitar el colapso de los juzgados. Algo similar a lo que conocimos recientemente: LaLiga paga 50 euros a quienes denuncien a bares sin licencia.

De Cloudflare a las VPNs. La presión sobre el usuario final es solo una pieza de este complejo puzle. De hecho, la asociación del fútbol español mantiene un pulso particular contra los intermediarios tecnológicos: desde amenazar legalmente a clientes de Cloudflare por compartir IP con webs de contenidos ilegales hasta exigir en Bruselas una  normativa que controle VPNs y DNS.

El futuro. La escalada parece no tener fin. Junto a DAZN, LaLiga solicitó a la Unión Europea extender los bloqueos dinámicos a todo el continente. Además, en la última subasta de derechos, empujaron para que las operadoras actúen obligatoriamente como "policía", aplicando medidas de vigilancia activa. La CNMC se posicionó en contra de ello.

Mientras tanto, difunden campañas de miedo sobre las aplicaciones que emiten el fútbol sin derechos, en las que se daba una ironía por el historial de la propia app de la organización. Con el auto judicial vigente, la privacidad de quienes consumen contenido mediante P2P está más expuesta que nunca.

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