Iván Linares
Editor SeniorCada fin de semana se suceden las restricciones de Internet ordenadas por LaLiga y Movistar. Pese a que se han vuelto habituales, eso no significa que se asuman: usuarios y dueños de páginas web se quejan de lo desorbitada que es la medida. También continúa una campaña que afectó a varias personas la temporada pasada: la del Burofax.
El precedente. A finales de 2024 nos hicimos eco de una campaña de cartas enviadas por LaLiga y dirigidas a supuestos responsables de emitir contenido deportivo sin licencia. La diana estaba puesta sobre el «cardsharing», una práctica que consiste en compartir los partidos en directo a través de listas IP y páginas relacionadas.
Ejemplo de Burofax enviado por LaLiga en junio de 2024. Imagen: David Maeztu
Quienes recibieron una de esas cartas se encontraron con un intento de acuerdo que buscaba eludir las posibles acciones legales por parte de LaLiga. El peaje era de 450 euros. Y fueron varias las personas que recibieron la misiva, igual que está sucediendo ahora.
Los Burofaxes. El País se hizo eco de la campaña de envíos seleccionados. En el texto LaLiga solicita el pago de unos 450 euros para evitar una futura demanda por haber transmitido eventos deportivos sin derechos.
No queda claro si todos los que reciben los avisos se dedican realmente a compartir contenido o solo a visualizarlo. Lo que sí está demostrado es que LaLiga, mediante una diligencia preliminar autorizada por un juzgado, puede solicitar a las operadoras los datos de los titulares de las líneas asociadas a determinadas direcciones IP. El artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ampara este procedimiento a favor de los titulares de derechos.
Qué dice LaLiga. La asociación que engloba a los equipos de fútbol profesionales se defiende indicando que las cartas pretenden defender sus derechos. Fuentes de LaLiga explican a Xataka Móvil que los Burofaxes «no son multas, sino demandas de conciliación» que buscan un acuerdo antes de iniciar cualquier acción legal.
Adicionalmente, exponen que los avisos no están enfocados a meros consumidores, sino que apuntan contra «aquellos que se están lucrando» con la transmisión no autorizada de los partidos de fútbol.
Acuerdo de conciliación mediante el abono de 450 euros, extracto de un Burofax de junio de 2024. Imagen: David Maeztu
Los expertos aconsejan no pagar. Como acuerdo de conciliación que es, pagar lo que estipula LaLiga es «voluntario» y no una obligación, así los estiman abogados como Javier Prenafeta. Según especifica en su análisis este abogado:
«En esa petición lo que se hace es que se requiera al usuario para que reconozca ciertos hechos, o responda a preguntas, y se avenga a aceptar el pago de una cantidad económica».
«Es más o menos como un requerimiento, pero que se hace a través del juzgado. Es voluntario, el usuario puede ir o no ir, y responder lo que considere, y el procedimiento terminaría ahí, aunque normalmente se hace para luego presentar una demanda formal».
La batalla continúa. LaLiga no está dispuesta a relajar su estrategia contra quienes transmiten los partidos sin derechos: mantiene los bloqueos de páginas cada fin de semana y las cartas como medida extra de presión. Y no solo en el ámbito doméstico, también en el de la hostelería: recientemente comunicó que había logrado más de 1.600 sentencias a su favor por emitir fútbol sin derechos.
Mientras los tribunales afinan hasta dónde llega la responsabilidad del consumidor final, una cosa está clara: la lucha por el fútbol no solo se libra en los juzgados y servidores, también en los buzones de quienes reciben las cartas de aviso.
Imagen de portada | Gemini editada
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