Pepu Ricca
EditorNuestro smartphone ha dejado de ser un simple dispositivo de comunicación para ser una extensión de nuestra vida privada: almacena desde imágenes y vídeos, hasta conversaciones personales e incluso datos bancarios e historiales médicos, motivo por el que la legislación ha reforzado su protección.
Sin embargo, en ciertas circunstancias, todavía existe la duda sobre si debemos otorgar acceso a nuestro teléfono móvil a las autoridades. ¿Qué sucede en un control de tráfico? Aunque ya podemos enseñar nuestro DNI o el carné de conducir desde el móvil, lo cierto es que nadie puede pedirnoslo y revisar libremente su contenido: nuestro marco normativo traza una línea roja clara para los agentes.
La diferencia entre retener el dispositivo y acceder a los datos
El punto de partida fundamental es comprender que una intervención física de un dispositivo no lleva implícito el acceso a su interior. La Ley de Seguridad Ciudadana (LO 4/2015), en sus artículos 16 a 19, permite a los agentes identificar personas y realizar comprobaciones o registros en bienes y vehículos con el fin de prevenir delitos.
Imagen: Iván Linares para Xataka Móvil
Esto implica que la policía o la Guardia Civil podría llegar a incautar u ocupar el móvil si tienen indicios de su vinculación con un delito grave, asegurándolo como prueba material. Ahora bien, encender su pantalla y explorar los archivos requiere sortear un muro legal más grueso.
El impedimento vienen desde la Constitución Española. Su artículo 18.1 garantiza el derecho a la intimidad personal, el 18.3 protege el secreto de las comunicaciones y el 18.4 limita el uso de la informática para garantizar el honor.
Además, respaldando estos preceptos, el Tribunal Supremo ha sido tajante en resoluciones como las sentencia 489/2018. El Alto Tribunal establece una distinción entre incautar el hardware y leer chats o volcar datos. Para esto último, el artículo 288 sexies c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige siempre una autorización judicial previa y motivada.
En caso de omitirse este paso, entra en juego el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto anula cualquier prueba obtenida sin respetar derechos fundamentales, lo que se conoce como la doctrina del "fruto del árbol envenenado".
El uso de miDGT, consentimiento y excepciones
En el día a día, el escenario más típico en carretera es la simple comprobación documental, por lo que no hay que preocuparse por nada más. El Real Decreto 6/2015, la Ley sobre Tráfico, establece en su artículo 59 que el conductor está obligado a llevar consigo su permiso válido y a exhibirlo ante los agentes cuando se lo soliciten.
Esta gestión suele resolver en el móvil de forma muy fácil: abriendo la app miDGT. Sin embargo, enseñar esta documentación en pantalla no confiere a los agentes ningún tipo de potestad para inspeccionar el dispositivo, cerrar la app o abrir otras.
Y como conductores, no tenemos la obligación de entregar el teléfono desbloqueado durante una parada. Del mismo modo, las autoridades no pueden interponer sanciones basándose en la negativa a facilitar dicho acceso.
Pero sí, existen excepciones muy limitadas: la primera es el consentimiento inequívoco. Si el usuario accede voluntaria y conscientemente a desbloquear su smartphone a petición del agente, el registro es válido.
La segunda excepción se recoge en el artículo 588 sexies c.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este apartado permite a la Policía Judicial el examen de los datos en casos de urgencia ante delitos flagrantes. Aun así, la ley obliga a comunicar al intromisión a un juez en menos de 24 horas. Aunque quizá sobre decirlo, un control de velocidad o de alcoholemia jamás justifica esta medida.
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