Aprobada la nueva ley con la que España pretende acabar con el spam. Su entrada en vigor es inminente y cambia las llamadas comerciales

Parecía que los intentos habían acabado, pero el móvil sigue sonando con las molestas llamadas spam. El Congreso ha aprobado definitivamente la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), una normativa que viene a tapar los agujeros de la ley anterior e impone nuevas reglas para la atención al usuario, las suscripciones digitales y las reseñas online.

Por qué falló la ley anterior. Quizá te preguntes por qué sigues recibiendo llamadas si ya estaban vigiladas desde hace años. La realidad es que "hecha la ley, hecha la trampa": aunque en febrero se intentó atajar el spoofing internacional y las llamadas desde móviles, las empresas han encontrado vacíos legales.

Como analizamos unos meses después, las compañías desviaban sus centralitas al extranjero para eludir la normativa nacional. Además, las estafas de falsas ofertas de trabajo seguían operando al margen de la ley. ¿Cuál es la solución? Veamos la propuesta.

Bloqueo por prefijos. La medida estrella para que esta vez funcione es técnica. Tal y como adelantamos en mayo, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un prefijo específico. Esto cambia la responsabilidad: ya no es el usuario quien debe activar filtros de llamada, sino que las operadoras tendrán que bloquear directamente cualquier llamada comercial que no use ese prefijo. Además, la ley declara nulos todos los contratos que se realicen durante una llamada no consentida, eliminando el incentivo económico del spam.

Adiós a la musiquita. La ley SAC ataca otro asunto: la atención al cliente. Se establece por ley que el tiempo medio de respuesta no podrá superar los tres minutos en el 95% de las llamadas (media anual). Aparte, se prohíbe el uso de contestadores automáticos o bots: si el consumidor solicita hablar con una persona, la empresa debe garantizar la atención humana. El plazo para resolver reclamaciones también se reduce bastante, pasando de 30 días a un máximo de 15 días hábiles.

Suscripciones, reseñas y tasas ocultas. La normativa regula también los cobros silenciosos: las empresas de servicios de streaming o suscripciones deberán avisar al usuario 15 días antes de que venza el plazo para que se pueda cancelar la renovación automática si lo desea. En cuanto a las compras online, se exige mostrar el precio final completo desde el inicio (nada de cobrar gastos de gestión).

Por último, se perseguirán las reseñas falsas: las plataformas deberán verificar que quien opina es un consumidor real y los empresarios podrán solicitar el borrado de comentarios si acreditan que son falsos o que el usuario no utilizó el servicio.

Cuándo entra en vigor. Tras su aprobación definitiva en el Congreso, el siguiente paso es la publicación en el BOE. Aunque los plazos suelen ser de 20 días tras su publicación, la implementación de los prefijos y la adaptación de los call centers podría llevar a que la aplicación efectiva de la norma se sitúe a principios del próximo año.

Imagen de portada | Pepu Ricca para Xataka (con edición)

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