Noelia Hontoria
EditoraDurante mucho tiempo existió un cierto vacío legal en el lugar y forma en el que se firmaban los contratos. Un desierto que derivó en una profunda inseguridad jurídica para los usuarios que rubricaban estos acuerdos sin tener muy claro qué estaban aceptando.
Poco a poco, la ley ha tratado de poner puertas al mar y ha ido introduciendo ciertos requisitos para que estos contratos puedan considerarse válidos. Desde prohibir la visita de las compañías eléctricas o del gas a puerta fría hasta la nulidad de todos los contratos que se realicen durante una llamada no consentida, ahora el foco se pone en cómo están redactados esos textos que firmamos.
El BOE confirma los cambios que deberán adoptar las telecos
Acaba de aparecer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, y que afectará a la redacción de los contratos que firmamos, pero también a otros elementos importantes, como los sistemas de autenticación o las pasarelas de pago.
El objetivo de estas medidas es que ningún usuario firme un contrato sin comprender la letra pequeña o no pueda poner una reclamación porque se pierda en un mar de opciones complicadas. Aunque se habla de “accesibilidad cognitiva”, la norma no solo está pensada para personas con discapacidad, también se busca que su alcance llegue a cualquier usuario que por edad, analfabetismo, pobreza u otros motivos pudieran tener problemas para comprender este tipo de documentos y procesos.
Este nuevo reglamento estatal menciona expresamente a las empresas de telecomunicaciones en su artículo 6 y explica que deberán cumplir con los requisitos de lectura fácil o lenguaje sencillo todos estos contenidos:
- Contenidos textuales y no textuales.
- Documentos y formularios.
- Contenidos multimedia.
- Sistemas y mecanismos de interacción (como procesos de identificación, autenticación, firma, pago y todo aquello vinculado a la contratación o aceptación de condiciones).
Cuándo entrará en vigor
Movistar, Orange, Digi o Vodafone tendrán que cumplir a rajatabla con esta nueva normativa para que sus procesos, contratos y documentos sean más fáciles de entender para cualquier persona, independientemente de su salud, edad, nivel cultural, etc.
¿Cuándo entrará en vigor? Será el próximo 2 de enero de 2027 cuando todos estos elementos tengan que estar adaptados a un lenguaje más accesible. Por ejemplo, tendrán que explicarnos las tarifas de un modo más simple y ser mucho más transparentes con ciertas condiciones, como las permanencias que aceptamos o las políticas de uso razonable.
Imagen de portada | Generada con Gemini
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