El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, planea modificar la ley para prohibir cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente. Este cambio afectaría a números como los extendidos 902, en los que se tarifica fuera del estándar del resto de llamadas.
El Ministerio, según ha confirmado el propio Garzón en redes sociales, quiere modificar la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) para evitar esta tarificación excesiva. Con esta medida se pretende poner fin, según las fuentes, a "un abuso generalizado", en el que los consumidores son los que tienen que pagar la llamada.
Contra la tarificación excesiva en números de atención al cliente
📞 Los números con prefijo 902 y otros similares quedarán prohibidos para la atención al cliente. Comenzamos una tramitación que acabará con un abuso generalizado que encarece las facturas de las familias trabajadoras cuando quieren hacer uso de sus derechos ante las empresas. https://t.co/nsNYkT6epJ
— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) September 4, 2020
El Ministerio de Consumo está preparando una modificación de la ley con el fin de prohibir que los servicios de atención al cliente apliquen números de tarificación adicional, para acabar con el sobrecoste puede suponer que el consumidor los utilice. Esta medida afectará principalmente a números como los 902, en los que el coste lo paga de forma íntegra el usuario que llama, y no la empresa que lo ofrece.
El proyecto de ley se basará así en la reforma del artículo 21.2 de la LGDCU, en el que se dispone que "en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica [...] el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica". Por tarifa básica se entiende el coste ordinario de la llamada, sin un importe adicional en beneficio del empresario.
Se busca así "evitar que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica", según las fuentes. Desde el Ministerio denuncian el acceso a los servicios de atención al cliente “no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor y estos no se pueden ver reducidos o perjudicados como consecuencia del ejercicio de un derecho básico.
Vía | El Confidencial
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