Envió su Pixel 9a impoluto a reparar por un fallo interno y Google le pidió casi 300 dólares. El final de la historia roza lo absurdo

Enviar un teléfono móvil en garantía al servicio técnico debería ser trámite relativamente rápido y sobre todo transparente, pero para un usuario del Pixel 9a se ha convertido en un quebradero de cabeza. Según relata el afectado en Reddit, envió su terminal, que estaba en perfectas condiciones físicas, para solucionar un problema cubierto por la garantía: el dispositivo era incapaz de descargar y configurar eSIM.

La sorpresa llegó cuando el centro de reparaciones de Google que le correspondía —Coatesville, Pensilvania— bloqueó el proceso. El SAT emitió un presupuesto de reparación por valor de 287,44 dólares alegando que la pantalla, el marco y la cámara estaban destrozados. El problema del usuario con las eSIMs ni siquiera fue abordado.

El misterio de los "daños fantasma" y el silencio de Google

Ante esta situación, este usuario inició un proceso de disputa aportando transcripciones y correos electrónicos. Y luego, solicitó pruebas o fotografías de la inspección que demostraran esos supuestos daños físicos. Tras pedir que se escalara el caso, los agentes de soporte técnico dejaron de responder sus mensajes.

El móvil devuelto por el SAT. Fuente: Reddit

Al negarse a abonar los casi 300 dólares, el proceso de reparación caducó por falta de respuesta del cliente. ¿Qué pasó entonces? Que el dispositivo fue enviado de vuelta a su propietario. 

El giro de esta historia se produjo al abrir el paquete que llegó de vuelta: comprobó mediante el número IMEI que era su Pixel 9a original y confirmó que no presentaba ningún daño externo: la pantalla, el marco y la cámara estaban en el mismo estado impecable. Esto confirmaba una evaluación por parte del servicio técnico errónea.

Junto al teléfono, que por cierto sigue arrastrando el fallo con las eSIM, se topó con una nota indicando que no se habían realizado reparaciones al no aceptar el presupuesto. A este usuario no le ha quedado otra que presentar quejas ante las administraciones que protegen a los consumidores en su país.

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Aunque este caso ha ocurrido en suelo estadounidense, sirve como recordatorio de por qué no debemos aceptar a ciegas los diagnósticos de los servicios de soporte. En países como España, dentro del contexto de la UE, la legislación actual sobre garantías protege a los consumidores frente a estas situaciones.

La normativa estipula una garantía de tres años desde el momento de la entrega del dispositivo. Aún más importante en caso de disputas: la ley establece que, durante los dos primeros años, la carga de la prueba recae sobre el fabricante.

Esto implica que se presume que el defecto es de fábrica y es el servicio técnico quien debe demostrar de forma fehaciente (mediante informes y pruebas) que el usuario ha hecho un mal uso del dispositivo.

La principal lección que podemos extraer de esta odisea: antes de enviar cualquier dispositivo a reparar, es imperativo grabar un vídeo o tomar imágenes de su estado mostrando la pantalla con el IMEI visible. Es el mejor salvavidas contra "daños fantasma", sucedan en tránsito o bien, como en este caso, dentro de los servicios técnicos oficiales.

Imagen de portada | Álvaro García M. para Xataka

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