A finales de 2018 Donald Trump acusó (sin pruebas) a Huawei y ZTE de espiar a ciudadanos norteamericanos y acabó prohibiendo el uso de equipos de fabricantes chinos en el despliegue de las redes móviles para garantizar la seguridad nacional.
Cuatro años y medio después, y tras muchos meses de retrasos, en España y Europa seguimos sin saber si estos fabricantes serán finalmente vetados por ley en el despliegue de redes, aunque muchos operadores hace tiempo que ya tomaron la decisión de autocensurarse.
Cómo vetar fabricantes 'sin que se note'
El Gobierno español hace malabares para intentar dar respuesta a las presiones de Estados Unidos y cumplir con la norma comunitaria para bloquear a Huawei y a ZTE de sus redes de telecomunicaciones de 5G, pero sin llegar a señalar directamente a ninguna empresa china para no poner en riesgo en comercio exterior con este país.
España ratificó en abril de 2022 la nueva Ley de Ciberseguridad 5G, aunque desde entonces el Gobierno tiene pendiente concretar la lista de suministradores que son considerados de alto riesgo, pero no parece que vaya a producirse antes de las elecciones, pese a acumular ya tres plazos incumplidos (junio de 2022, finales de 2022, y comienzos de 2023). Además, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dio a entender durante el MWC 2023 que esta lista ya no era prioritaria y que sus objetivos ya se habían cumplido.
El pasado 15 de junio de 2023, la Comisión Europea instó oficialmente a los Estados miembros a que moviesen ficha para bloquear a suministradores chinos de sus redes 5G y la respuesta por parte de España no tardó en llegar, de manera disimulada.
El Gobierno ha incluido en su última convocatoria de ayudas públicas 5G exigencias explícitas para que los futuros despliegues financiados con los fondos Next Generation no cuenten con proveedores de alto riesgo. El artículo 10 de la orden de bases del 5G rural señala que "si una vez ejecutado el proyecto, el suministrador 5G seleccionado es declarado de riesgo alto, el beneficiario deberá proceder a la sustitución del equipamiento de dicho suministrador por el de otro que no se encuentre en dicha situación, realizando a su coste el cambio del equipamiento que pudiese encontrarse ya instalado. Dicha sustitución se deberá realizar en un plazo máximo de 24 meses"
Pese a no estar definida la lista de proveedores de alto riesgo, los señalados son bien conocidos, así que los operadores optaron por prescindir de ellos desde el inicio del despliegue de 5G en España. Haya o no haya veto oficial, Huawei y ZTE no forman parte del core ni de los equipos de radio del 5G en España. Para eso, Nokia y Ericsson se han convertido en los principales suministradores de infraestructuras 5G en España.
Huawei y ZTE sí que forman parte del despliegue de redes 4G, sobre todo en Vodafone y Orange, pero el veto a fabricantes chinos de momento parece afectar únicamente a las redes 5G, así que de hacerse efectivo el bloqueo, las teleco no tendrían por qué verse perjudicadas ni obligadas a sustituir las redes no 5G.
No obstante, fuera de España, el informe de Strand Consult muestra que la participación de Huawei en equipos 5G instalados era del 76% en Rumania, 72% en los Países Bajos, 53% en Hungría, el 51% en Italia, el 38% en Polonia, o el 34% en Portugal.
Con respecto a las prohibiciones en otros países europeos, Reino Unido y Suecia hace ya casi dos años prohibieron de manera directa el uso de proveedores chinos de sus redes core de 5G. En Francia, se ha excluido a todos los proveedores chinos de las redes de sus empresas locales, y más recientemente, en Portugal se anunció que prohibirá el uso de proveedores con sede fuera de la UE o de países no pertenecientes a la OTAN o la OCDE. Alemania también se encuentra examinando componentes chinos en la red 5G para determinar riesgos.
Consecuencias del veto
Las operadoras europeas estiman que la restricción de proveedores clave en infraestructuras 5G supondría un aumento de hasta el 30% del coste de despliegue. Además, el veto ralentiza la innovación y el despliegue de la red, retrasando el acceso a estas tecnologías a millones de personas en los próximos años.
Por suerte para los operadores, parte de ese sobrecoste será solventado gracias a las ayudas de los fondos Next Generation, valorado a 500 millones de euros, con el que conseguirán subvencionar el 90% del coste de despliegue en zonas rurales con menos de 10.000 habitantes.
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