Pepu Ricca
EditorPasear por muchos barrios españoles implica, casi seguro, ver una maraña de cables recorriendo los edificios. Son generalmente las instalaciones de fibra óptica, un despliegue que nos ha colocado a la cabeza de Europa en conectividad, pero que ha tenido un daño colateral: el caos estético en las fachadas. Ahora, Barcelona ha decidido afrontar el problema, aunque la solución es más compleja que simplemente cortar cables.
Barcelona mueve ficha. La Comisión de Urbanismo de la ciudad condal ha aprobado por unanimidad una propuesta para modificar la ordenanza de paisaje urbano, según medios como La Vanguardia y El Debate. El objetivo es doble: exigir criterios estéticos más estrictos para las nuevas instalaciones y obligar a la retirada del cableado en desuso.
Es una batalla nacional. El movimiento efectuado por la administración de la ciudad catalana no es aislado, sino la punta de lanza de un hartazgo ciertamente generalizado. Recientemente, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley para reformar la Ley General de Telecomunicaciones y obligar a retirar el cableado que no se usa.
Se ha devuelto la competencias a los ayuntamientos para "ordenar" sus fachadas. ¿Por qué? Se estima que hay kilómetros de cable de cobre y fibra inactiva. Es un residuo que nadie retira por el coste y esfuerzo que conlleva. Pero eso debe cambiar pronto.
Conflicto legal. La situación actual es fruto de una tormenta casi perfecta: un despliegue frenético protegido por la ley estatal (Ley 11/2022), que declara las redes de "interés general" y permite usar fachadas si no hay alternativas viables económicamente. Esto dice dicha ley:
8. Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan la instalación y explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible o razonable su uso por razones técnicas los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes.
Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar, en la medida de lo posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados, debiendo adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual.
Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural declarada por las administraciones competentes o que puedan afectar a la seguridad pública.
Aquí entra el regulador: la CNMC ha fallado recientemente contra ayuntamientos como los de Oviedo, Cartagena o Vélez-Málaga por denegar licencias de despliegue sin justificación imperiosa, recordando que prohibir el uso de la fachada vulnera la ley si no hay otra opción técnica.
Por otro lado, el Tribunal Supremo sentó un precedente clave en Altea, dictaminando que las operadoras deben pagar tasas municipales por utilizar el vuelo de las fachadas si no tienen la licencia pertinente. De nuevo, esto abre la puerta a que los ayuntamientos tengan más fuerza negociadora.
La estrategia de Barcelona. A sabiendas de que no es posible contravenir la ley estatal de telecomunicaciones, el Ayuntamiento de la ciudad condal ha tomado una decisión: aprovechar su competencia total sobre el paisaje urbano. Esa grieta es la que le permitirá exigir criterios estéticos estrictos y la eliminación de redundancias.
Mientras se tramita la modificación de la ordenanza —un proceso lento— el consistorio publicará una guía de buenas prácticas. Ésta, tiene el objetivo de evitar situaciones como las denunciadas en foros como BandaAncha, donde se critica que la normativa actual es "papel mojado".
Qué puedes hacer como vecino. A día de hoy, la ley sigue del lado de la conectividad. Como explicamos en Xataka Móvil, el artículo 44 de la Ley General de Telecomunicaciones otorga a los operadores el derecho a ocupar la fachada si es "estrictamente necesario", y sin necesitar permiso de la comunidad.
Sin embargo, la presión de ciudades como Barcelona y la CNMC —que ya ha advertido a ayuntamientos como el de Santander— dibuja un futuro donde el derecho a la fibra tendrá que convivir con el "derecho a una ciudad limpia". Veremos qué sucede en ese futuro próximo.
En Xataka Móvil | Las mejores tarifas de solo fibra barata en 2025 y comparador con todas las compañías de teléfono
Ver 1 comentarios