Uno de los casos más polémicos de Apple fue el conocido como BatteryGate. La propia empresa reconoció que ralentizaba los modelos más antiguos para favorecer la duración de la batería en detrimento del rendimiento. El enfado generalizado de los usuarios hizo que la compañía anunciase que esta "función" podría desactivarse, aunque la decisión parece no haber sido suficiente para la justicia italiana.
Como recogen en el medio La Repubblica, la Autoridad Antimonopolio italiana, que actúa a su vez como defensor del consumidor, ha multado a Apple y Samsung con diez y cinco millones de euros respectivamente porque las actualizaciones de software que recibieron los iPhone más antiguos y el Samsung Galaxy Note 4 "causaron fallos de funcionamiento graves y redujeron significativamente el rendimiento" de los dispositivos. Se trata, pues, de la primera multa por obsolescencia programada a nivel mundial.
La obsolescencia programada se paga cara
En el caso de Samsung, y de acuerdo a las declaraciones del defensor del consumidor que recoge la fuente, la firma coreana ha estado llevando a cabo esta práctica desde mayo de 2016, cuando el Galaxy Note 4 se actualizó a Android Marshmallow. Los propietarios de un Note 4 "eran instados a instalar el nuevo firmware preparado para el Galaxy Note 7 sin ser informados de los fallos graves que provocaban las mayores exigencias de hardware", apunta.
Si miramos a Apple, poco hay que decir que no se sepa. Los usuarios de un iPhone 6, 6 Plus, 6S y 6S Plus que fueron actualizados a iOS 10 no fueron "debidamente informados de las mayores demandas de potencia del nuevo sistema operativo y de los posibles inconvenientes, como los cierres repentinos que sufrían tras la instalación".
Para más inri, Italia acusa a la firma de la manzana de "no haber preparado ninguna medida de asistencia para los iPhone que hayan experimentado problemas de funcionamiento no cubiertos por la garantía legal". De hecho, la única medida que tomó Apple fue ofrecer un descuento por cambiar las baterías. El precio fue, al menos en España, de 29 euros.
De esa manera, las dos compañías han incumplido el artículo 20, 21, 22 y 24 del Código de Consumo Italiano, que califica a estas prácticas de desleales, engañosas y agresivas. Además de pagar la multa, las dos empresas tendrán que reconocer su culpa de manera pública en la versión italiana de sus respectivas webs, a la par que informar de la multa y del motivo de la misma a sus visitantes.
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