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La CNMC critica que destine dinero público a despliegues obligatorios para los operadores móviles

La CNMC critica que destine dinero público a despliegues obligatorios para los operadores móviles
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Es totalmente cierto que la situación de España respecto a los despliegues de redes de nueva generación es muy positiva. El 4G alcanza a más del 95% de la población y la fibra avanza imparable, pero también es cierto que según apartamos la mirada de las grandes urbes no es tan complicado encontrar lugares que carecen de ambas tecnologías. Acabar con esa brecha es urgente.

Una de las vías para acabar con las desigualdades fue la que se impuso a los operadores móviles que se hicieron con licencias para usar los 800 MHz (Movistar, Orange y Vodafone): antes de 2020 tendrían que ofrecen conexiones de al menos 30 Mbps en todo el país. Y ahora que el Ministerio correspondiente quiere aprobar el plan para vigilar que los operadores cumplen con su deber, a menos de dos años de la fecha límite, la CNMC ha emitido un informe bastante crítico con su manera de actuar.

La situación actual no es nada positiva para las poblaciones con menos de 5.000 habitantes, que suman en total 10,5 millones de ciudadanos: solo un 32% disponen de dicha velocidad. Es por ello que es primordial que los operadores asignatarios de los 800 MHz cumplan con lo firmado, si no perderían las licencias, pero además de la lentitud, la CNMC también ha vertido otras críticas.

Es su obligación, dice la CNMC

La CNMC ha remitido un informe a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital sobre el proyecto de orden que establece al detalle cómo se controlará y se ha de llevar a cabo el compromiso de los operadores, con críticas duras. La principal se centra en el uso de ayudas públicas, con dinero de los presupuestos del Estado y de fondos europeos, para cubrir lo que es una obligación de los operadores.

El informe habla de que la actuación "llega en un momento muy próximo al límite temporal en el que deberá estar ejecutada la obligación de cobertura prevista cuando se adjudicaron las frecuencias (1 de enero de 2020) y en el que hay muchas iniciativas de ayudas públicas al despliegue adjudicándose y desarrollándose". Es por ello que pide el regulador que se informe a todas las administraciones públicas de las obligaciones de los operadores, para no destinar ayudas a algo que es una obligación.

Todas las peticiones de la CNMC tienen lógica: los recursos públicos no se deberían destinar a cubrir obligaciones de los operadores

Para asegurarse de que se aprovecha de verdad la obligación impuesta a los operadores, la CNMC pide que se excluyan de las zonas en la que desplegar nuevas redes aquellas deshabitadas o que ya cuentan con conexiones con 30 Mbps. Para optimizar los recursos también plantea que a la hora de elegir qué operador despliega en cada zona se tenga en cuenta el diseño propuesto y la cercanía a otros despliegues, además de permitir la compartición de infraestructuras desplegadas a precios razonables.

Las conclusiones que podemos sacar del informe de la CNMC es que simplemente ha puesto cordura. ¿Por qué se tienen que destinar recursos públicos para despliegues de fibra, como los 525 millones de euros anunciados recientemente, cuando los operadores están obligados a realizar sus despliegues? Los recursos privados y públicos se deberían coordinar mejor, para cumplir el verdadero objetivo: que nadie se quede desconectado o con conexiones del siglo XX.

Más información | CNMC
Foto de portada | jarmoluk

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