Las tensiones entre LaLiga y Cloudfare continúan. Según hemos podido leer en el auto al que ha tenido acceso Xataka Móvil, Matthew Prince, CEO de Cloudfare, ha sido citado a declarar el próximo 7 de abril en Madrid por su presunta implicación en un caso de piratería audiovisual.
Esto supone que, por primera vez en la historia, una compañía tecnológica americana debe declarar frente a la justicia española por delitos contra la propiedad intelectual.
La querella. El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha admitido a trámite para su investigación la querella criminal interpuesta conjuntamente por LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital (Movistar Plus+).
En ella figuran como investigados tanto Cloudfare Inc. como Matthew Prince y se les atribuyen tres posibles delitos, según reza en el auto: delitos contra la propiedad intelectual, delito de amenazas y delito de obstrucción a la Justicia.
La investigación. Entre los hechos objeto de investigación y que LaLiga y Movistar Plus+ habrían presentado como elementos probatorios se incluyen los siguientes puntos:
- La facilitación de servicios tecnológicos que impiden la eficacia de una resolución judicial que autorizó medidas de notificación y bloqueo dinámico de direcciones IP utilizadas para retransmisiones no autorizadas de contenidos de LaLiga.
- También se apunta que alrededor de un 38% de servidores y servicios que difunden contenidos de competición ilícita en España habrían usado servicios de Cloudflare.
- La compañía habría recibido más de 100 requerimientos formales con información de plataformas ilegales, sin adoptar medidas eficaces para detenerlas.
Citado a declarar. Como resultado de todo esto, el CEO de Cloudfare ha sido citado a declarar el próximo 7 de abril en Madrid. Se investiga, por tanto, la actividad de la compañía y su capacidad para desempeñar funciones esenciales en toda la cadena de la piratería audiovisual, además de toda la infraestructura tecnológica que posibilitaría la actividad ilícita.
Según los cálculos de LaLiga y Movistar Plus+, los daños económicos causados podrían ascender a 859 millones de euros anuales.
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