Miguel Jorge
EditorHace un par de semanas comenzó a escucharse el nombre de Toyoake, una ciudad de Japón que había decidido lanzar una votación pionera a sus ciudadanos: dirimir cuánto tiempo podían usar los teléfonos móviles sus habitantes. Resulta que ya han votado, y en unos días se pondrá en marca un experimento histórico.
El pionero decreto japonés. Sí, la ciudad de Toyoake, en la prefectura de Aichi, se ha convertido en la primera de Japón en aprobar una ordenanza que limita el uso recreativo de los teléfonos móviles a un máximo de dos horas diarias, con el objetivo de mejorar la calidad del sueño y el rendimiento académico de los niños.
El alcalde Masafumi Kouki explicó que la medida, aprobada por mayoría en el consejo municipal y vigente desde el 1 de octubre, no prevé sanciones y funciona como una guía de autorregulación acompañada de campañas informativas en escuelas y encuestas de seguimiento. La decisión se originó en un programa local para combatir el absentismo escolar, que detectó cómo el abuso del teléfono generaba privación de sueño y alteraciones en los ciclos de descanso, factores que alimentaban la desescolarización.
El contexto nacional e internacional. Japón no es ajeno a este debate. En 2020, la prefectura de Kagawa adoptó una normativa que fijaba un límite de una hora diaria de videojuegos en días lectivos para menores de 18 años, ampliado a 90 minutos en fines de semana, junto a programas de prevención de adicciones digitales.
Estas iniciativas responden a datos preocupantes: un sondeo reciente reveló que solo el 26% de los japoneses usa su smartphone menos de dos horas al día, mientras que un 13% pasa conectados más de ocho horas y la mayoría de los adolescentes dedica seis horas o más a la pantalla. El Instituto Nacional de Investigación en Políticas Educativas supervisa ya el impacto de esta dependencia en el rendimiento escolar.
El debate sobre la eficacia. Expertos japoneses han subrayado que limitar de forma genérica el tiempo de uso podría ser insuficiente. El profesor Nagayuki Saito, de la Universidad de Sendai, sostiene que las políticas deberían centrarse en promover un uso responsable en lugar de imponer restricciones uniformes.
La profesora Akiko Takahashi, de la Universidad Seikei, apunta que tendría mayor respaldo social actuar contra problemas específicos y con evidencia clara, como la adicción a videojuegos o el abuso de redes sociales, más que restringir la herramienta en sí.
Una tendencia global. La medida de Toyoake se enmarca en un movimiento internacional cada vez más amplio. Australia aplicará en diciembre una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años, con multas de hasta 33 millones de dólares para las plataformas que no bloqueen su acceso.
Nueva Zelanda estudia una iniciativa similar, mientras que la Unión Europea debate restricciones a escala continental y Estados Unidos tramita medidas en al menos 45 estados para proteger a los menores de los daños del ecosistema digital. Aunque persisten dudas sobre la eficacia real de estas normas, el consenso político es que la sobreexposición digital es ya una amenaza para la salud, la educación y la integración social de los jóvenes.
Un laboratorio de política digital. En resumen, el decreto de Toyoake, aunque no coercitivo, simboliza un cambio cultural en Japón: el reconocimiento de que el móvil, motor de comunicación y ocio, también puede ser un factor de aislamiento, insomnio y fracaso escolar.
Con la vista puesta en los resultados de la encuesta local y en la experiencia internacional, la ciudad se convierte en un laboratorio social de políticas digitales, anticipando un futuro en el que la gestión de la vida en línea será tan importante como la regulación de cualquier otra dimensión de la salud pública.
Imagen | Pexels
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