Miguel Jorge
EditorEn el año 2019, Estados Unidos inició una investigación que tenía a Google como protagonista. De fondo, lo que por aquel entonces era una duda razonable: que las actividades en los móviles de millones de usuarios habían estado bajo la vigilancia de la compañía cuando, en realidad, pensaban que tenían activados los controles de privacidad. Un jurado acaba de confirmarlo con una sentencia.
El modelo bajo escrutinio. Lo que estaba en juego desde que se inició la investigación no era poca cosa. Se acusaba a Google de usar sin consentimiento los datos recopilados para potenciar su negocio de publicidad dirigida, una estrategia que le habría reportado miles de millones de dólares adicionales en ingresos.
Para que nos hagamos una idea, la demanda múltiple de la acusación pedía más de 30.000 millones de dólares en daños y perjuicios, argumentando que la compañía convirtió información personal en lucro ilegítimo.
El coste de un espionaje. Ahora, un jurado federal en San Francisco acaba de condenar a Google a pagar 425,7 millones de dólares por haber espiado durante casi una década la actividad de millones de usuarios en sus teléfonos, pese a que estos creían haber activado esos controles de privacidad.
El caso, que como decíamos se inició en 2019 y que cubre unos 98 millones de dispositivos entre 2016 y 2024, terminó con un veredicto unánime de ocho jurados que consideraron que la empresa violó las leyes de privacidad de California. Aunque la indemnización equivale a solo cuatro dólares por terminal, se trata de una victoria simbólica que refuerza la defensa de los derechos digitales en un país donde la recopilación masiva de datos es práctica habitual.
Una señal. Plus: pese a que el fallo fijó una compensación muy inferior, envía una señal de que las prácticas de monetización de datos personales pueden ser consideradas ilegales, y que el consentimiento del usuario no es una formalidad sino un derecho exigible.
Google, por su parte, insistió en que la decisión “malinterpreta cómo funcionan nuestros productos” y anunció que apelará, defendiendo que sus herramientas de privacidad sí respetan la voluntad de quienes desactivan la personalización.
Precedentes. El veredicto, además, llega en un momento de creciente presión judicial y política contra las grandes tecnológicas. Un día antes, Google había sorteado un intento del Departamento de Justicia de desmantelar su buscador por monopolio ilegal, aunque un juez federal sí le impuso medidas menos drásticas, como compartir ciertos datos con rivales.
Dicho trasfondo refleja cómo los reguladores y tribunales estadounidenses están empezando a limitar el margen de actuación de los gigantes digitales tras años de expansión casi sin freno. La combinación de causas antimonopolio y demandas de privacidad dibuja un escenario en el que el modelo de extracción de datos y dominio de mercado de empresas como Google apunta a ser cuestionado con mayor intensidad.
Anuncio a navegantes. Por último, el caso sienta un precedente que podría animar a más usuarios y defensores a demandar por prácticas similares en otras plataformas que también basan sus ingresos en la publicidad segmentada. Si bien el pago ordenado representa una fracción de los beneficios de Google, el impacto reputacional es significativo, especialmente en un entorno donde crece la desconfianza hacia la gestión de datos personales.
Para los defensores de la privacidad el mensaje es claro: los usuarios no permanecerán pasivos mientras sus hábitos digitales son recopilados y vendidos. Para las empresas tecnológicas, el fallo es una advertencia de que la explotación de la información personal sin transparencia ni consentimiento tiene un coste legal, financiero y político cada vez más alto.
Imagen | Pexels
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