El mercado de la India es demasiado grande para ignorarlo, no en vano, reúne 750 millones de usuarios. Pero el precio por operar allí acaba de volverse inasumible para varias de las Big Tech. Según reportes de la industria, el gobierno de Narendra Modi ha propuesta una nueva normativa de "Requisitos de Seguridad de Telecomunicaciones" que cruza una frontera que ninguna democracia había tocado hasta ahora: exigir el acceso al código fuente de los dispositivos.
La medida ha provocado que rivales acérrimos como Apple, Samsung y Xiaomi se unan bajo la asociación industrial MAIT para decir "no". Argumentan que entregar el código que hace funcionar a un iPhone o Galaxy no solo es un riesgo de seguridad, sino una expropiación de facto de su propiedad intelectual.
"Este requisito no es viable debido a preocupaciones de confidencialidad y privacidad. Los principales países de la UE, América del Norte, Australia y África no han exigido tales regulaciones"
Desnudar el software antes de actualizar. Lo curioso es que la propuesta del gobierno indio no se limita a una revisión inicial. La norma exigiría a las empresas comunicar y entregar el código de cada actualización importante antes de que llegue a los usuarios.
Esto, en la práctica, daría al país una pausa sobre el despliegue de iOS, HyperOS o One UI, retrasando parches de seguridad hasta que dieran el visto bueno. Es una burocracia técnica que, según los fabricantes, no tiene precedentes a nivel mundial y rompe el modelo de desarrollo de software global. Cabe mencionar que la base de Android sí es Open Source y por tanto India puede ver el código. Ahora bien, no es así cuando nos referimos al software propietario de los fabricantes como Samsung, Xiaomi u Oppo.
Europa regula, India quiere el control. Para entender la gravedad del asunto hay que mirar a Bruselas. La Unión Europea es estricta, sí: obliga a cambiar el diseño de los móviles para hacerlos reparables o fuerza la apertura de los sistemas a tiendas de terceros mediante la DMA.
Pero el viejo continente regula comportamientos y estándares, nunca el código propietario de las compañías. La UE dice algo así como "debes dejar entrar a otros"; India dice "quiero ver cómo está hecho tu sistema por dentro". La diferencia, es sin duda, abismal: mientras Europa busca la competencia y la sostenibilidad, la propuesta india se acerca al modelo de soberanía digital que hemos visto en sus intentos de crear sistemas propios como BharOS.
Trampa técnica. Más allá del espionaje industrial, la norma tendría consecuencias directas para el usuario. El borrador exige que los móviles almacenen registros (logs) del sistema durante 12 meses de forma local, y realicen escaneos de malware constantes obligatorios. La industria ya ha advertido de la dificultad: drenaría la batería y saturaría el almacenamiento interno de los terminales más modestos. Es decir, empeoraría la experiencia de uso por ley.
Llueve sobre mojado. El movimiento de India no es aislado. De hecho, llega un mes después de que intentara obligar a preinstalar una app gubernamental de vigilancia bajo el pretexto de recuperar móviles robados. Aquella orden se suavizó tras la presión internacional, y las tecnológicas esperan que ocurra lo mismo ahora.
Pero el mensajes es claro: en la geopolítica actual, el software de nuestro móvil ya no es solo nuestro, es un campo de batalla de seguridad nacional. La cuestión es hasta dónde consiguen colarse los gobiernos.
Imagen de portada | Composición con imágenes de PxHere y Pepu Ricca para Xataka
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