Miguel Jorge
EditorLa oferta de Starlink no deja de ser contradictoria. Mientras unos ven a la empresa de Elon Musk como la salvación a muchos de sus males, incluso como una cuestión vital en el caso de Ucrania, en otros puntos del planeta se ve con cierto desdén, incluso como un rival a batir. Lo cierto es que la compañía nació con un eslogan insuperable: proveer al planeta de internet, aunque las cosas nunca son tan sencillas. Y el Pacífico es un ejemplo de ello.
Starlink: revolución y polémica. La historia la contaba el año pasado Nikkei. La expansión de Starlink, el servicio de internet satelital de Musk, ha generado una combinación de entusiasmo y preocupación en varias islas del Pacífico. Mientras en muchas regiones se ha recibido como una solución revolucionaria para mejorar la conectividad en comunidades remotas, en micro países como Niue, su operación era simplemente ilegal y podía acarrear multas o incluso cárcel.
Eso sí, la isla de 2.000 habitantes mantenía una postura pragmática, sin sancionar a los usuarios, pero su legislación prohíbía por completo el uso de Starlink, al igual que lo han hecho en el pasado otras naciones del Pacífico como Vanuatu, Tonga y Samoa. Todo eso cambió en marzo de 2026, cuando el Gobierno de Niue cambió de postura y concedió a Starlink una licencia temporal de 12 meses tras completar los requisitos regulatorios. Desde entonces, la compañía de Musk puede operar legalmente en la isla durante ese periodo de prueba mientras las autoridades evalúan su impacto.
Irán toma el testigo. Porque si Niue ha dado concesiones, países como Irán han mantenido prohibido el uso de Starlink y ha perseguido su utilización durante los apagones de Internet. Allí, el uso de terminales de la compañía de Musk continúa siendo ilegal y las autoridades imponen penas por su utilización.
Negocios locales en armas. Estos casos reflejan un dilema más amplio del problema de Starlink (que hemos visto antes): la llegada de la compañía desafía los modelos de negocio de los proveedores de telecomunicaciones locales, que han invertido millones en cables submarinos de fibra óptica para mejorar el acceso a internet.
A esto se suman preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la concentración del poder tecnológico en manos de alguien como Musk, quien además de liderar SpaceX ha ganado influencia política como uno de los principales aliados del presidente Donald Trump (con sus altibajos, eso sí).
La competencia por la fibra. Starlink ofrece una alternativa de alta velocidad a los proveedores tradicionales, lo que el año pasado generó una fuerte presión sobre las telecomunicaciones estatales. En Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, la entrada de la compañía de Musk fue objeto de un litigio legal, mientras que en Palau, el gobierno postergó su autorización debido a la deuda millonaria contraída para instalar cables submarinos financiados por Japón, Australia y el Banco Asiático de Desarrollo. Dicho de otra forma: permitir el acceso irrestricto a Starlink significaría una reducción en los ingresos destinados a pagar esta infraestructura.
En la otra acera, países como Tuvalu, Nauru y las Islas Salomón han adoptado Starlink con entusiasmo, utilizándolo para mejorar el acceso a internet en zonas aisladas y reducir los costes de los datos hasta en un 70%. De hecho, en casos como Tuvalu, el gobierno ha integrado Starlink en su infraestructura de telecomunicaciones, utilizándolo como proveedor de ancho de banda para su red de telefonía móvil.
Impacto geopolítico. Más allá de la competencia con las empresas locales, la expansión de Starlink tiene implicaciones geopolíticas y estratégicas. Musk, el tipo más rico del planeta, ha consolidado su empresa SpaceX como un actor clave en la infraestructura de comunicaciones global.
Qué duda cabe, con millones de usuarios en el mundo, Starlink representa una alternativa a las redes estatales de telecomunicaciones, lo que ha generado preocupaciones sobre la soberanía digital de los países en los que opera. Voces como la de la investigadora Cynthia Mehboob, de la Universidad Nacional de Australia, advertían en el reportaje de Nikkei que la privatización de las telecomunicaciones en manos de una sola empresa plantea riesgos obvios para la seguridad nacional y la protección de datos.
El futuro. Así las cosas, y a pesar de la resistencia inicial de algunos países, la tendencia parece estar cambiando. Naciones como Vanuatu, Tonga y Samoa, que previamente habían prohibido Starlink, han comenzado a concederle licencias, y hace unas semanas Niue se ha sumado.
Mientras tanto, las empresas de telecomunicaciones locales se enfrentan a un futuro incierto. Algunas, como Vodafone Cook Islands, habían reportado una caída del 12% en sus ingresos por servicios de red debido a la competencia con Starlink. Bajo este escenario, muchas han comenzado a explorar acuerdos de compra de ancho de banda a… sí, la propia Starlink para mantenerse competitivas.
Dichode otra forma, no solo parece que Starlink esté transformando la red en el Pacífico, la está convirtiendo en prácticamente suya. Y eso a pesar incluso de las leyes locales.
Imagen | Jay Huang
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