plokiko
ColaboradorEl sector de las telecomunicaciones lleva años dando señales de que el mercado de cuatro grandes competidores nacionales resulta insostenible, y ahora, el pulso se ha reactivado desde Francia en un movimiento que podría marcar el camino a seguir para el resto del continente.
En España, el rumor recurrente sobre una posible compra de Vodafone por parte de Telefónica siempre sobrevuela el ambiente. Pero ha sido en Francia donde hemos visto un movimiento audaz y extremadamente bien calculado que podría servir de manual para estas grandes operaciones.
Tres de los cuatro principales operadores franceses, Orange, Bouygues Telecom e Iliad (Free), han unido fuerzas para presentar una oferta conjunta por la mayor parte de los activos de su rival SFR (Altice), el segundo mayor operador del país.
La estrategia del "desmembramiento pactado"
El mercado francés, al igual que el español, se ha caracterizado por una intensa y a menudo destructiva guerra de precios. Tener cuatro grandes operadores compitiendo en despliegue de redes ha llevado a una espiral de inversión y rebajas que, según la industria, no es sostenible a largo plazo.
Es aquí donde entra en escena SFR, el segundo operador galo, pero cuya matriz, Altice, arrastra una deuda monumental de 15.000 millones de euros. Esta debilidad financiera lo convierte en el objetivo perfecto.
Lo que hace única la oferta presentada por el trío es su planteamiento: una compra conjunta con un reparto predefinido de activos. El valor total de la operación se ha fijado en 17.000 millones de euros (excluyendo filiales y activos de ultramar), una cifra que permite a Altice aliviar su situación financiera, mientras que los compradores logran su objetivo principal: neutralizar al competidor y repartirse sus recursos.
Este plan es clave, pues aborda de antemano la principal barrera de este tipo de fusiones: la luz verde de los reguladores de competencia, tanto nacionales como de la Comisión Europea.
El reto regulatorio y el reparto de la tarta
El camino tradicional de una fusión entre dos grandes operadores se topa casi siempre con el veto o las condiciones draconianas de Bruselas. El miedo de los reguladores es sencillo: al reducirse el número de grandes competidores, la menor presión competitiva se traduce en precios más altos y menos incentivos para innovar.
El "desmembramiento" pactado en Francia busca desactivar esa alarma. En lugar de una absorción monolítica, el acuerdo reparte estratégicamente las partes de SFR entre los tres compradores:
- Actividad Empresarial (B2B): Se la repartirían Bouygues Telecom y Free.
- Actividad Residencial (B2C): Se compartiría entre Bouygues, Free y Orange.
- Infraestructuras y Frecuencias: Se repartirían entre los tres, con la excepción notable de la red móvil de SFR en zonas no densas, que iría a parar a Bouygues Telecom.
Este complejo reparto no es aleatorio. Busca equilibrar la cuota de mercado resultante y garantizar que, aunque SFR desaparezca, los activos más importantes no caigan exclusivamente en manos de un solo operador dominante. El reparto de costes refleja este equilibrio: Bouygues asume el mayor peso (43%), seguido de Free (30%) y Orange (27%). Es una jugada maestra para argumentar que la operación no crea un monopolio ni un duopolio asfixiante, sino que redistribuye las cartas del juego para tener tres jugadores fuertes en lugar de cuatro con problemas.
¿Un futuro de menos opciones, pero mejores redes?
La gran pregunta para el consumidor es: si la consolidación reduce la competencia, ¿no subirán los precios? En teoría, sí. La presión para bajar las tarifas desaparece con un competidor menos. Sin embargo, los defensores de esta estrategia argumentan que el dinero que antes se gastaba en una guerra de precios insostenible, ahora se destinará a inversión en las redes, especialmente en la expansión de la fibra y el 5G, cruciales para la economía digital.
Si los reguladores dan luz verde a este modelo de "compra y reparto", se establecería un precedente muy valioso: la única manera de pasar de cuatro a tres grandes redes en Europa sin castigar la inversión es que los rivales absorban al competidor en dificultades, pero con un reparto equitativo que mitigue la concentración.
En la práctica, se estaría utilizando la debilidad financiera de un operador para forzar una reestructuración del mercado que la propia industria lleva años pidiendo. Un futuro de menos opciones en el cartel, pero potencialmente con redes más robustas y con mayor capacidad de innovación a largo plazo, siempre y cuando la vigilancia regulatoria se mantenga firme para evitar abusos en las tarifas.
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