Las llamadas spam llevan años en el punto de mira de la legislación, y el cerco no ha dejado de estrecharse: primero se prohibió hacer llamadas comerciales desde números móviles, después llegó la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) y ahora está en camino el prefijo 400. Todo esto debería haber reducido el volumen de estas comunicaciones. Sobre el papel, lo hace, el problema es que las empresas pueden seguir llamándonos si previamente dimos nuestro consentimiento.
Que suene el teléfono, descolgar y que una voz robótica diga algo como "soy del departamento de recursos humanos, escríbeme por WhatsApp para una oferta" es demasiado habitual. En mi caso, suelo recibir alguna llamada de este estilo cada semana, a veces varias en un mismo día. Y eso que estoy apuntado a la Lista Robinson, tengo activos los filtros de spam del móvil y no suelo descolgar si el número es extraño. ¿Cesarán algún día?
Cuando firmamos un contrato, solemos aceptar que nos llamen
Las condiciones de privacidad, que son obligatorias, implican el consentimiento previo para llamadas comerciales
A pesar de que son molestas, y de que la mayoría encajan en lo de "no deseadas", una buena parte de estas comunicaciones las hemos autorizado nosotros. Y es porque en los contratos, en los registros de cuenta y en los formularios de inscripción las empresas incluyen cláusulas que aceptamos, muchas veces sin ser conscientes, al dejar nuestros datos.
Según la Ley general de las telecomunicaciones vigente en España, existen dos flecos por los que las empresas pueden colarse para llamarnos sin que, en principio, lo deseemos:
- Si hemos expresado consentimiento previo en el contrato. La mayor parte de registros incluyen cláusulas que autorizan a la empresa a comunicarse con nosotros para hacernos ofertas. Incluso solemos autorizar a terceras compañías a llamarnos si guardan relación con los servicios que hemos contratado.
- Si la empresa tiene un interés legítimo en la comunicación. Este segundo fleco abre la puerta a que las empresas de las que nos dimos de baja intenten llamarnos para que volvamos, con una mejor oferta o más servicios. El denominado interés legítimo no se considera una comunicación no deseada, porque en teoría puede existir una ventaja para el usuario.
Los dos supuestos tienen validez sobre el papel, pero en la práctica suelen utilizarse de forma abusiva. Y es un problema que la legislación aún no ha resuelto: si una empresa tenía nuestro consentimiento antes de la entrada en vigor de cada nueva fase, lo sigue conservando después, aunque ahora con caducidad.
El consentimiento previo caduca a los dos años (pero el spam sigue)
El gran salto llegó con la Ley SAC, publicada en el BOE en febrero de 2026. Con ella, el Gobierno pone varios parches a las fugas que facilitaban las llamadas comerciales:
- Solo se puede llamar desde numeración autorizada. Las llamadas comerciales no pueden hacerse desde móviles: deben usar numeración específica, y el siguiente paso es el prefijo 400, con el que quedarán identificadas antes de descolgar.
- El consentimiento previo deberá renovarse cada dos años. Esta es la principal fuga que habilita las llamadas comerciales: que las hayamos aceptado al firmar un contrato. Ahora las empresas tendrán que pedirnos expresamente que renovemos ese consentimiento, evitando autorizaciones indefinidas o ambiguas.
- Los contratos firmados en una llamada comercial no consentida serán nulos. ¿Contratamos por error tras una comunicación no deseada? Podremos solicitar la nulidad del contrato.
- Las operadoras deben bloquear las llamadas no autorizadas. Ya no somos nosotros quienes debemos activar filtros: la responsabilidad recae en las operadoras, que tendrán que bloquear cualquier llamada comercial que no use la numeración correcta.
El siguiente movimiento es el prefijo 400, que a partir de octubre de 2026 obligará a todas las empresas a identificar sus llamadas comerciales con ese código. Si no lo usan, la llamada se bloqueará y la empresa se expone a sanciones.
Un año después, sigo recibiendo las mismas llamadas
Con tantas capas legales, cabría esperar un desierto de silencio. La realidad es otra. Un año después de la prohibición, las llamadas siguen llegando: según FACUA, 4 de cada 10 consumidores recibe aún más llamadas que antes. Las empresas encuentran vías de escape, desde desviar sus centralitas al extranjero hasta las falsas ofertas de trabajo que operan al margen de la ley.
Yo soy la prueba. Las llamadas de Infojobs, Indeed y varios operadores siguen siendo el pan de cada día, pese a la Lista Robinson y a los filtros. Y mientras las medidas se despliegan, siempre habrá quienes se salten la normativa y sigan llamando, incluso a través de aplicaciones como WhatsApp.
La conclusión, por ahora, es agridulce. El Gobierno ha ido reduciendo la brecha que habilitaba buena parte de las llamadas comerciales: nuestra propia aceptación. Poner caducidad al consentimiento y obligar al prefijo 400 son pasos en la buena dirección. Pero, hasta que ese cerco sea completo y efectivo, lo mejor sigue siendo bloquear directamente estas comunicaciones y, en la medida de lo posible, denunciarlas.
Imagen de portada | Iván Linares editada con ChatGPT
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