Iván Linares
Editor SeniorEuropa se ha convertido en la cuna de las regulaciones a las plataformas: la DSA sentó las bases para la moderación de contenidos. Tras casi tres años de su entrada en vigor, los gobiernos están pasando al ataque. Empezando por las redes sociales: España se sumó recientemente a la prohibición de las redes a menores. Ahora Pedro Sánchez va más allá.
Contra la impunidad de TikTok, Meta y X. Según ha comunicado Pedro Sánchez, el Gobierno va a tomar medidas contra las empresas que se encuentran detrás de las redes sociales mayoritarias. Es un primer paso para llevarlas ante la Fiscalía: esto implicará una ofensiva regulatoria y penal directa.
Según las palabras del presidente del Gobierno:
«Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar».
La medida se basa en el daño que Meta, TikTok y X generan en los menores de edad. Por la toxicidad de los algoritmos y la facilidad para compartir, y generar, «pornografía infantil mediante sus IA». En el Consejo de Ministros de hoy martes el Gobierno explicará todos los pasos que va a seguir.
Imagen generada con ChatGPT
La vía penal. Pedro Sánchez ha anunciado que invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que la Fiscalía investigue si TikTok, Meta y X han cometido los delitos de los que se les acusan. Esto podría agilizar las investigaciones penales en torno a los acusados. En este caso, las plataformas.
Es un primer paso para iniciar una investigación de carácter penal. La Fiscalía podría abrir diligencias contra TikTok, Meta y X por su implicación en los daños a menores y su presunta impunidad (tras la consulta con la Junta de Fiscales de Sala). En la práctica, arranca la futura prohibición que ya había planteado el Gobierno de España.
Un empuje a la Justicia. El Gobierno puede imponer multas administrativas, pero no sentenciar delitos penales. Pedro Sánchez utiliza el artículo 8 para meter aún más presión a las plataformas que operan en España. Es un toque de atención a lo que puede pasarle al trío en el resto del continente.
Europa está ampliando su ofensiva contra las redes extranjeras. La DSA plantea un férreo marco regulatorio, aunque el Parlamento Europeo ya pidió una prohibición de acceso para los menores de 16 años. La Comisión Europea estima adecuada la DSA, aunque vigila lo que están haciendo los países más agresivos, como España, Francia o Portugal. Que las acciones estén dando el salto desde la vía administrativa a la penal es un signo de que la cosa se pone seria.
De la multa a la responsabilidad penal. Para España, el ámbito de la DSA, basado en sanciones económicas, deja de tener sentido. Al invocar a la Fiscalía, el Gobierno marcará un precedente: los directivos de las tecnológicas podrían enfrentarse a responsabilidades criminales directas.
Imagen de portada | Montaje con fotos de Iván Linares y Moncloa
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