En los últimos días, hemos conocido la -polémica- decisión de Movistar de subir los precios en sus antiguas tarifas Fusión a partir de febrero. A cambio, ofrece a sus viejos clientes la misma ventaja que a los usuarios del nuevo porfolio: obtener un móvil por cero euros con una permanencia de 36 meses. No contentos con eso, también incrementará el precio de las líneas adicionales y todo ello mientras Telefónica negocia un nuevo plan de bajas voluntarias en su plantilla.
Vodafone y Orange, por su parte, han cambiado el modelo de gestión de sus tiendas físicas (incluyendo el cierre de parte de ellas) en el mismo año en el que han llevado a cabo un ERE cada una. Y el Grupo MásMóvil está centrando sus esfuerzos en diversificar su negocio para obtener una nueva fuente de ingresos. Todo ello no es sino una muestra de la mala salud que reina en el sector de las teleco, donde todos los grandes operadores del país están viéndose obligados a tomar medidas para mantener la solvencia.
Desde reducir las plantillas hasta vender seguros, todo vale
Movistar ha justificado su subida de precios por el encarecimiento de suministros y el aumento de la inversión tanto en ciberseguridad como en el despliegue y mantenimiento de las redes. Esto último fue, precisamente, lo que también alegó Vodafone cuando, el pasado mes de junio, incrementó el precio de sus tarifas.
Según los principales operadores del país, la tendencia hacia el low-cost y la guerra de precios está penalizando a un mercado donde, al mismo tiempo, es necesaria una gran inversión para el despliegue de fibra y de la nueva generación de redes móviles. A todo ello hay que añadir el desplome de ingresos, entre otras cosas, por la caída del turismo en la pandemia.
Por si fuera poco, la deflación general que está sufriendo el sector de las teleco (con los españoles pagando cada vez menos por los paquetes convergentes) está produciéndose en medio de la inflación generalizada que azota al país, de manera que tenemos un IPC general que ha aumentado notablemente en el último año (según datos del INE) frente a un IPC en comunicaciones que ha caído más de un 20%.
La suma de todos estos factores está provocando que los cuatro grandes operadores del país estén adoptando una serie de medidas encaminadas a reducir el gasto y/o a aumentar los ingresos. A lo largo del año hemos visto cómo Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo lanzaban nuevos paquetes más caros -y más completos- o subían el precio de los existentes a cambio de alguna mejora en las condiciones.
Pero la subida de precios no es la única iniciativa que han adoptado para ganar más dinero. Hace tiempo que todas las teleco, a través de sus marcas premium, están explorando nuevas vías de negocio, que van desde las finanzas a las alarmas, pasando por IoT, hogar conectado, energía e incluso salud (hace apenas unos días, Yoigo presentó un nuevo seguro de salud familiar muy competitivo). Cualquier segmento es válido si, además de aumentar los ingresos de las operadoras, contribuyen a fidelizar a sus clientes.
En lo que respecta a la reducción de gastos, Orange tiene previsto cerrar varias tiendas físicas en España y Vodafone se ha visto obligada a cambiar el modelo de gestión de las suyas propias (inicialmente se habló también de su cierre, pero finalmente no fue así) debido, por un lado, al auge del canal online, y por otro, al menor tráfico comercial que están sufriendo dichas tiendas por la pandemia.
También hablábamos antes del plan de bajas voluntarias anunciado por Telefónica, un plan que afectará a hasta 2.500 empleados y que se suma al ERE que Orange cerró en verano con 400 salidas y al ERE que Vodafone llevó a cabo recientemente con otros 409 trabajadores.
En este sentido, tampoco podemos olvidarnos de la decisión de Orange de no participar en la subasta del fútbol para no contribuir a subir el precio en la puja y del informe de la CNMC que indica que Vodafone no desplegará más fibra en los próximos años, sino que empleará su actual red y alquilará la red a otros, como Movistar u Orange.
En definitiva, la situación actual del mercado, con una enorme intensidad competitiva en precios y una deriva hacia el bajo coste, sumado a un escenario inflacionista, está generando en los principales operadores la necesidad de buscar medidas que generen beneficios. Es la única forma, aseguran, de favorecer la sostenibilidad del sector para que las inversiones en despliegue de infraestructuras de red 5G no se vean penalizadas
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